La Junta respalda adaptar las cuotas pesqueras a cada flota y reclama financiación "acorde" para el sector andaluz

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha mostrado su respaldo a las peticiones planteadas por el Parlamento Europeo para revisar la Política Pesquera Común (PPC), entre ellas adaptar la distribución de las cuotas a las características de cada tipo de flota y equiparar las exigencias de los productos importados a las que soportan los productores europeos, al tiempo que ha reclamado una financiación "acorde a las necesidades del sector" que permita mejorar su competitividad.

De esta manera, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha trasladado a Europa Press que el Gobierno andaluz está "de acuerdo" con las demandas formuladas por la Eurocámara y han incidido en la necesidad de que cualquier revisión de la política comunitaria vaya acompañada de recursos suficientes para el sector pesquero.

En este sentido, desde la Junta han señalado que Andalucía cuenta con una flota de más de 1.400 embarcaciones, por lo que han defendido que las medidas que se adopten tengan en cuenta las necesidades de un sector que afronta retos ligados a su competitividad, modernización y sostenibilidad.

En concreto, según datos oficiales de la Administración Autonómica consultados por Europa Press, la flota pesquera andaluza cuenta con 1.407 buques, de los que 740 faenan en el caladero del Golfo de Cádiz y 637 en el Mediterráneo, además de ocho embarcaciones que trabajan en aguas portuguesas y 22 buques congeladores que operan en aguas internacionales y de terceros países.

PETICIÓN DE LA EUROCÁMARA

De esta manera, la posición del Ejecutivo andaluz llega después de que el Parlamento Europeo ha reclamado este jueves una revisión de la Política Pesquera Común para adaptar sus reglas a las distintas características de la flota europea, incluida la artesanal, y dar mayor peso a factores económicos y sociales en la gestión del sector, al tiempo que ha pedido condiciones equivalentes para los productos importados, que representan el 80% de los consumidos en la Unión Europea.

En una resolución aprobada con 476 votos a favor, 92 en contra y 44 abstenciones, la Eurocámara plantea que los Estados miembro tengan en cuenta las características de los distintos segmentos de embarcaciones a la hora de distribuir las posibilidades de captura y no se limiten a criterios medioambientales o al historial de actividad.

Los parlamentarios abogan además por incentivar el uso de artes más selectivas y técnicas que reduzcan el consumo energético o el impacto sobre los hábitats, dentro de una aplicación de la política pesquera que, a su juicio, debe atender de forma equilibrada a sus tres dimensiones de sostenibilidad.

En paralelo, el pleno ha pedido avanzar hacia una mayor reciprocidad con los productos procedentes de terceros países mediante la introducción de "medidas espejo" en los acuerdos comerciales de la UE, con el objetivo de evitar que los operadores comunitarios compitan con mercancías sometidas a requisitos diferentes.

La resolución reclama igualmente reforzar la información al consumidor ante las diferencias existentes entre las normas de etiquetado europeas y las aplicadas fuera del bloque, distinguiendo de forma clara entre alimentos salvajes y de acuicultura, así como entre aquellos de origen marino y las alternativas vegetales.

En este sentido, los eurodiputados plantean prohibir que se utilice la denominación comercial de una especie acuática en artículos que no contengan ningún rastro de ella e incluir, cuando sea posible, datos nutricionales como el contenido en Omega-3.

DEMANDAS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

Desde el PP, la eurodiputada Carmen Crespo ha defendido que la evaluación de la política pesquera dé paso a cambios legislativos y ha abogado por un paquete 'ómnibus' de simplificación que elimine cargas administrativas, corrija normas contradictorias y adapte las obligaciones a la realidad de la actividad.

Su compañero de filas Francisco Millán Mon ha puesto el foco en la petición de excluir el palangre de fondo de las restricciones que afectan a 87 zonas del Atlántico Oriental, una medida que los 'populares' reclaman revisar a la luz de nuevos estudios científicos sobre el impacto de este arte.

"Hay evidencia científica que debe ser tenida en cuenta. El Parlamento Europeo acaba de pronunciarse y está pidiendo a la Comisión que actúe. Ahora le corresponde a la Comisión actuar y corregir esta situación lo antes posible", ha afirmado el eurodiputado gallego.

Por su parte, la eurodiputada del PNV Oihane Agirregoitia ha respaldado una reforma "ambiciosa, específica y oportuna" que simplifique el marco actual, dé más margen a la gestión regional y tenga en cuenta la competitividad, la rentabilidad, la seguridad alimentaria y la dimensión social.

"El sector afronta presiones crecientes y desafíos debido al aumento de los costes operativos, que afectan a su rentabilidad y sostenibilidad, el envejecimiento de la flota, el relevo generacional, la competencia de terceros países o el acceso a posibilidades de pesca, sobre todo el sector de bajura", ha advertido.

La parlamentaria ha puesto el foco también en la obligación de desembarque, que fuerza a llevar a puerto todas las capturas, incluidas las no deseadas o aquellas con un tamaño inferior al permitido, y ha defendido estudiar alternativas como herramientas de gestión de cuotas, reservas comunes, vedas en tiempo real o medidas para reducir las capturas accesorias.

También el BNG ha respaldado la resolución, aunque su eurodiputada Ana Miranda ha reclamado ir más allá y excluir a la flota artesanal de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas, además de flexibilizar los controles y buscar alternativas a la obligación de desembarque.

"La Política Pesquera Común supuso una ruina para la pesca gallega, reduciendo la capacidad de trabajo", ha afirmado Miranda, quien ha reclamado que la UE "compense a Galicia como principal nación pesquera".

La representante del Bloque ha coincidido además en pedir que se reviertan las restricciones en las 87 áreas del Atlántico, al considerar que no tuvieron suficientemente en cuenta su impacto socioeconómico, y ha reclamado más apoyo para renovar y modernizar una flota cuya edad media, según los datos aportados por la formación, alcanza los 35 años.