La Ley de Patrimonio sigue su trámite en el Parlamento con rechazo de PP-A y Vox a enmiendas de PSOE-A y Por Andalucía

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Patrimonio de Andalucía ha superado este miércoles su debate de totalidad en el Pleno del Parlamento después de que los Grupos Popular y Vox en Andalucía hayan rechazado de forma conjunta las enmiendas de totalidad que contra esta iniciativa aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 24 de septiembre habían presentado los grupos Socialista y Por Andalucía.

De esta manera, este proyecto de ley procedente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos continuará ahora su tramitación en la comisión parlamentaria del ramo.

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha sido la encargada de defender ante el Pleno esta iniciativa que ha definido como "trascendental para el buen gobierno y la modernización de la Administración andaluza", y que "ordena y convierte el patrimonio público en una herramienta activa de desarrollo económico y social al servicio de los andaluces", según ha valorado.

"Con esta ley, Andalucía gana orden, gana control, gana confianza. Y, sobre todo, gana la garantía de que lo que es de todos se gestionará con criterios de eficacia y utilidad pública", ha afirmado la consejera, para contrastar que "lo que antes era despilfarro, hoy son recursos que se reinvierten en sanidad, educación o servicios sociales".

Ha subrayado que la actual Ley del Patrimonio de Andalucía data de 1986 y, "después de casi 40 años, Andalucía no podía seguir gestionando su patrimonio del siglo XXI con una ley del siglo pasado", y tras ello ha detallado que el nuevo texto legislativo introduce instrumentos innovadores como el Inventario General digitalizado o la Plataforma de Publicidad Patrimonial, que permitirá a cualquier ciudadano conocer qué bienes posee la Junta, su uso y las operaciones patrimoniales que se realicen.

Además, la norma establece por primera vez un régimen sancionador propio para proteger los bienes públicos frente a usos indebidos, simplifica los procedimientos administrativos y dedica un título específico a la economía circular, "impulsando la reutilización y reciclaje de bienes en desuso".

La consejera ha remarcado que, en 2019, el Gobierno de Juanma Moreno se encontró con una gestión patrimonial "marcada por el desorden y la falta de control, sin inventario fiable ni conocimiento exacto del número, estado o localización de los bienes de la Junta".

"Nos encontramos edificios abandonados, inmuebles embargados y un patrimonio sin uso que generaba millones de euros en costes", ha relatado Carolina España, que ha defendido que, frente a esta situación, el Gobierno andaluz puso en marcha "un nuevo modelo de gestión integral, con resultados concretos", como "seis subastas públicas realizadas con plena transparencia, más de 138 millones de euros en ingresos y un ahorro anual superior al millón de euros en mantenimiento e impuestos".

Carolina España también ha resaltado la puesta en marcha del Plan Estratégico de Sedes Administrativas, que ha permitido "reducir un 60% el gasto en alquileres, generando ahorros anuales de 36,5 millones de euros", y la reestructuración del sector público instrumental, con otros 4,5 millones de ahorro anual.

"El patrimonio público no es un conjunto de bienes inmóviles, es la expresión material del esfuerzo de toda una comunidad. Nuestra obligación es gestionarlo con rigor, con transparencia y con responsabilidad", ha afirmado la consejera, que ha señalado también que la nueva ley "refuerza las cesiones gratuitas a ayuntamientos y entidades sociales para fines públicos, como la promoción de vivienda o equipamientos comunitarios".

"Por primera vez, Andalucía contará con un instrumento normativo que facilita la reutilización de inmuebles con fines sociales. Esta ley nace con una clara vocación de servicio público", ha reivindicado la consejera, que ha concluido valorando que esta ley es fruto de "cuatro años de trabajo técnico" y ha contado "con la participación de más de una treintena de entidades", así como ha recibido "el respaldo de todos los órganos consultivos", incluyendo el Consejo Consultivo de Andalucía, que ha destacado su "pulcritud y rigor técnico".

ENMIENDAS DE TOTALIDAD

Contra este proyecto de ley habían presentado enmiendas de totalidad los grupos del PSOE-A y Por Andalucía, que han defendido en este debate en el Pleno sus diputadas Alicia Murillo e Inma Nieto, respectivamente.

El Grupo Socialista ha justificado su enmienda de totalidad alegando que dicho proyecto de ley "adolece de graves deficiencias desde la perspectiva del interés general, de los derechos sociales y de la función pública que debe caracterizar la gestión del patrimonio de la comunidad autónoma".

Para el PSOE-A, el "verdadero y único objetivo de esta reforma" es "crear un marco jurídico a la carta para facilitar y acelerar la venta del patrimonio público de todos los andaluces", y en esa línea los socialistas sostienen que "no existe una necesidad social ni una parálisis administrativa que justifiquen una ley de 193 artículos tramitada a final de legislatura y con urgencia".

"Esta precipitación solo puede entenderse como una maniobra para hurtar a este Parlamento y a la sociedad un debate sereno y profundo sobre el modelo de gestión de lo que es de todos", se podía leer en la enmienda de totalidad del PSOE-A, en la que se agregaba que la "orientación esencial" del proyecto de ley en cuestión "responde a un modelo mercantilista y economicista del patrimonio público, centrado en la optimización y explotación económica de los bienes, pero carente de un enfoque social, redistributivo y de cohesión territorial".

"El texto (del proyecto de ley) convierte los bienes públicos en simples activos financieros, subordinando su gestión a la rentabilidad económica y desdibujando su naturaleza jurídica como bienes afectos al interés general", denunciaba también el PSOE-A para justificar su enmienda de totalidad a "una ley que no establece controles y cláusulas sociales firmes", y con la que "se corre el riesgo de que la gestión patrimonial quede subordinada a criterios de eficiencia técnica pura, al beneficio económico o al interés inmobiliario, en detrimento del bien común".

"No estamos ante una ley de protección del patrimonio, sino ante una herramienta para 'hacer caja', convirtiendo en liquidez activos que deberían estar al servicio del interés general", denunciaba también el Grupo Socialista, que en su enmienda también criticaba que esta iniciativa nace "sin el más mínimo consenso".

Para el Grupo Socialista, "en un contexto de desigualdad territorial, déficit de vivienda asequible y carencia de equipamientos públicos en numerosas zonas rurales y urbanas, esta ley constituye una oportunidad perdida para reforzar el Estado social andaluz y poner el patrimonio al servicio de las personas", así como "consagra un modelo de gestión tecnocrático, economicista y ajeno al mandato constitucional y estatutario de servicio al interés general".

POR ANDALUCÍA

Por su parte, el grupo Por Andalucía sostenía en su enmienda que el texto del proyecto de ley está "inacabado" y "viene a confirmar la política del gobierno del Partido Popular de mal utilizar, malvender, el patrimonio de todas".

La enmienda de totalidad de Por Andalucía denunciaba que "la ley está plagada de una filosofía mercantilista", que pasa por entender que el patrimonio andaluz está conformado por "bienes susceptibles de vender", así como criticaba que esta iniciativa legislativa "omite regular la especulación".

Además, desde Por Andalucía advierten de que este proyecto de ley "no mejora la transparencia", así como "no favorece la participación", de forma que "carece de herramientas e instrumentos que hagan participada la gestión del patrimonio común".