La nueva Ley andaluza de Vivienda supera el debate de totalidad en el Parlamento pese al rechazo de la oposición

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado su beneplácito a que el proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía prosiga su tramitación una vez que este miércoles el grupo mayoritario, el Popular, que por 57 noes de una mayoría absoluta de 58 escaños ha desestimado las enmiendas a la totalidad que habían presentado todos los grupos de la oposición --Socialista, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía--, que demandaban así la devolución del texto al Consejo de Gobierno del PP-A.

De esta manera, el proyecto de ley, que ha defendido ante el Pleno la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha superado el debate de totalidad y proseguirá su tramitación en la comisión vinculada a dicho departamento del Gobierno andaluz, según ha confirmado el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre.

El día de la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Gobierno, el 10 de septiembre, la consejera de Fomento dibujó un escenario futuro de posible construcción de viviendas asequibles a partir de las bolsas de suelo ofrecidas por los municipios mayores de 100.000 habitantes, una opción contemplada en el Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda, que establece un plazo de un año, que expira en febrero de 2026, para que los municipios puedan acogerse a un cambio de uso de suelo en parcelas urbanizadas para destinarlas a viviendas.

Díaz explicó entonces que son 49 los municipios inscritos para un cambio de uso del suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas, aunque puntualizó que "sabemos que hay más", antes de apuntar que "hay suelo para construir casi 40.000 viviendas". El terreno ofrecido son 630 bolsas de suelos y representan 1,3 millones de metros cuadrados, 136 hectáreas.

ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA

Entre los órganos que contempla la futura Ley de Vivienda de Andalucía la consejera de Fomento ha apuntado la creación de una Comisión de Coordinación en materia de desahucios y de lucha contra la ocupación ilegal.

El proyecto de Ley de Vivienda de Andalucía contempla aspectos como las áreas prioritarias, zonas donde se detecte que hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

El Gobierno andaluz defiende su apuesta por la colaboración público-privada en sus diferentes modalidades (concesiones, subvenciones) para ese objetivo de ampliar el parque residencial a precio asequible.

La futura ley aspira a "optimizar la gestión del parque residencial" con la creación de un inventario único de viviendas públicas, ya sean de la Junta de Andalucía, de ayuntamientos o promotores privados.

Prevé la creación de una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía y aspira también a poner el acento en la rehabilitación de viviendas a través de iniciativas de reconstrucción de barriadas y la eliminación de infraviviendas.

El proyecto de ley dedica un apartado que garantice el buen uso del parque residencial, evitando la ocupación ilegal y la sobreocupación, así como la protección de los más vulnerables. La futura norma establece mecanismos para el asesoramiento e información en materia de desahucios y ocupación, dentro del marco de sus competencias.

Desde el Gobierno andaluz defienden que la futura Ley de Vivienda de Andalucía contribuirá a la simplificación administrativa y a resolver la dispersión normativa existente con la derogación de cuatro leyes: la Ley de la Vivienda Protegida en Andalucía de 2005; la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010; la Ley de Función Social de la Vivienda de 2013; y la Ley de Tanteo y Retracto de 2018.

ENMIENDAS DE TOTALIDAD DE LA OPOSICIÓN

Frente al proyecto de ley se han posicionado los cuatro grupos de la oposición, que han presentado enmiendas de totalidad que han defendido ante el Pleno los diputados Verónica Pérez, del PSOE-A; Alejandro Hernández, de Vox; José Manuel Gómez, de Por Andalucía, y José Ignacio García, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

La enmienda del Grupo Socialista parte de la premisa de que el proyecto de ley "no cumple con el mandato constitucional del artículo 47" de la Carta Magna, "no ofrece garantías jurídicas ni económicas, y no responde a la emergencia habitacional que vive" dicha comunidad autónoma, de forma que, "lejos de configurarse como una Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda", el texto de dicha iniciativa legislativa del Gobierno del PP-A "se limita a reproducir declaraciones genéricas y enunciados programáticos, sin mecanismos jurídicos exigibles ni recursos económicos suficientes que aseguren su cumplimiento".

En su intervención, la parlamentaria Verónica Pérez ha criticado que la Ley de Vivienda del Gobierno de Juanma Moreno es "ideológica" y no sólo "se coloca del lado de los especuladores", sino que "no soluciona absolutamente nada", de forma que sólo es "humo" y "una oportunidad fallida y perdida".

El grupo de Vox ha considerado en su enmienda de totalidad que el proyecto de ley del Gobierno del PP-A "muestra una orientación predominante contraria a los fines que debe perseguir una política de vivienda en el contexto" actual, en el que "la crisis de acceso a la vivienda es estructural" en Andalucía, y el texto "deja de contemplar la protección jurisdiccional de los derechos de los andaluces en materia de vivienda, convirtiéndolo de facto en un proyecto de ley vacío de compromiso", y con el que el Ejecutivo de Moreno apuesta "por una política de vivienda en la que la administración pierde peso tanto en la responsabilidad económica como en la planificación y fomento de viviendas asequibles".

Por su parte, el grupo Por Andalucía ha justificado su enmienda de totalidad a este proyecto de ley al entender que "no aporta soluciones a los graves problemas que en materia de vivienda sufre la mayoría social de Andalucía, crea problemas nuevos y multiplica los estragos de los existentes", de forma que es "una propuesta que perjudica a la mayoría y está pensada para los beneficios económicos de una opulenta minoría". Además, critica que no reconoce la vivienda "como un derecho subjetivo", además de que "omite regulación alguna relativa a las viviendas de uso turístico (VUT)".

Por último, el Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha justificado su rechazo a esta ley al considerar que "promueve el 'pelotazo urbanístico'", y que, en su opinión, refleja que el PP-A está "fuera de la realidad", ya que "no se habla" en ella "de topar los alquileres" a familias que están "asfixiadas" económicamente, o porque "ignora las viviendas turísticas y el impacto que generan", algo que ha vinculado a que al Gobierno del PP-A "no le importa realmente el acceso a la vivienda", sino "el negocio que se va a hacer a costa de este proyecto" que es "ineficaz", según ha zanjado José Ignacio García.

En defensa de la ley se ha posicionado el PP-A de la mano, en este debate, de su parlamentario Antonio Saldaña, quien ha criticado que los grupos de la oposición se hayan puesto "de acuerdo para intentar derrumbar el edificio legislativo" que está "intentando construir" el Gobierno de Juanma Moreno sobre un asunto como el de la vivienda que es "el que más preocupa ahora mismo a los españoles", según ha subrayado.