SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha apelado a la colaboración entre administraciones y entidades con el objetivo de "colocar a Andalucía a la vanguardia de los servicios sociales que, más que nunca tras la gravísima pandemia por Covid-19 que hemos sufrido, se afianza como el cuarto pilar del Estado del Bienestar".
La titular de Políticas Sociales ha subrayado que esta cooperación "debe ser más estrecha que nunca para poder salir de la crisis social y económica y poner en marcha nuevos proyectos para lograr una Andalucía más igualitaria y solidaria" durante su comparecencia en la sesión plenaria del Laboratorio de Innovación por la Economía del Cuidado de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) celebrada en Sevilla, según ha informado la Consejería en un comunicado.
La consejera ha estado acompañada del presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, el delegado del Área de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento hispalense, Juan Manuel Flores Cordero, la representante de la Dirección General de Política Regional Urbana de la Comisión Europea, Ana Sánchez Cambón, y el presidente de CECUA, Andrés Rodríguez González.
Según la Junta, esto permitirá ampliar "el espacio de colaboración en políticas sociales" para la implantación de la Historia Social Única, un sistema electrónico integrado que contendrá la trayectoria de cada usuario en los distintos servicios sociales.
De esta forma, se establece "el marco jurídico necesario" para unificar el sistema de información y gestión entre los servicios sociales comunitarios con el proyecto ProgreSSa, base para la implantación de la Historia Social Única con CoheSSiona.
"Nuestro objetivo es que el Decreto esté aprobado antes de mayo, puesto que el visor profesional ha superado las pruebas con éxito", ha informado la consejera.
Por otro lado, Ruiz ha destacado la voluntad de diálogo y colaboración con las entidades locales, "en las que hemos encontrado el apoyo a distintas iniciativas emprendidas desde la Consejería como la ampliación hasta 2.168 de las plazas concertadas durante esta legislatura para personas mayores y con discapacidad o la amplia repercusión que ha tenido el acuerdo para actualizar en un 12,3 por ciento el coste hora del servicio de ayuda a domicilio hasta los 16,6 euros".
Asimismo, la Consejería ha destacado que en el convenio suscrito han participado "el municipalismo, el sindicato UGT-A, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Mesa del Tercer Sector y el Consejo Andaluz de Trabajo Social para reivindicar al Gobierno central cambios sustanciales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de agilizar su concesión".
La consejera se ha referido a la "revisión" de los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de atención a personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia cuya resolución por parte de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia se encuentra en tramitación y que llegará al seis por ciento, una medida del acuerdo alcanzado con el Comité Español de Representantes de Personas con Capacidad (Cermi).
Por último, ha destacado la importancia de los proyectos puestos en marcha gracias a los 450 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation, "de los que el 20,25 por ciento serán gestionados por ayuntamientos y diputaciones, ya sea directamente o de forma compartida con la Comunidad Autónoma".
Por su parte, Rodríguez Villalobos se ha referido la esperanza de vida de los españoles que alcanza, según el Banco Mundial, los 83,1 años siendo nuestra sociedad la tercera más longeva del mundo. "Esta situación implica una mayor necesidad de cuidados que históricamente ha venido siendo desarrollada en los hogares por las mujeres, sobrecargando el esfuerzo de éstas y ampliando la brecha de género en los cuidados y tareas domésticas".
En este sentido, ha resaltado que el cuidado de los más frágiles "puede resultar muy beneficiosa" para la creación de empleo y la economía, consecuencia de la mayor demanda de estos servicios para las personas mayores y ha advertido que esta actividad del cuidado "está poco valorada socialmente viéndose obligada a integrarse en la economía sumergida porque esta economía ocupa a personas con escasa profesionalización que trabajan frecuentemente en la economía sumergida".
Rodríguez Villalobos considera necesario "exigir a las personas cuidadoras una formación especializada" y eso "requiere la creación de nuevas especialidades técnicas y académicas que preparen a los futuros cuidadores, así como el surgimiento de empresas que centren sus actividades en el cuidado de mayores, personas con discapacidad y niños". Eso implicaría nuevas oportunidades de empleo que deben ser "impulsadas con incentivos fiscales y con políticas imaginativas y abiertas que conformen un marco económico y social que combine el cuidado de los más frágiles con la sostenibilidad del Estado del bienestar", advirtió.
De igual manera, ha añadido que los gobiernos "tienen la obligación moral y social de procurar a los mayores un entorno adecuado para que vivan con dignidad. También la de garantizar derechos y salarios dignos a trabajadores". Ha recordado que la pandemia ha demostrado la "necesidad de reforzar la economía de los cuidados, la atención a las personas dependientes o vulnerables y el cuidado de nuestros mayores".
PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES
El presidente de la FAMP ha subrayado que "desde los ayuntamientos y las diputaciones siempre nos hemos volcado con nuestros mayores impulsando servicios que les aporten dignidad".
"Debemos continuar y ampliar el esfuerzo que venimos haciendo desde lo público para garantizar la igualdad, para evitar desigualdades sociales y que los más desfavorecidos deban asumir esas tareas de cuidado, al no poder contratar servicios privados de calidad", ha manifestado.
Finalmente, ha apostado por los fondos Next Generation porque "significan una oportunidad" para la economía del cuidado e "impulsar el empleo y el tejido empresarial de los pueblos andaluces".
Por otro lado, el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha felicitado a la FAMP por la iniciativa de reunir a distintos actores para abordar una estrategia integral de atención a las personas mayores.
“Las entidades locales somos actores principales en el cuidado y la atención a las personas mayores y, por tanto, debemos dar respuesta al reto demográfico de una población con incremento de los grupos de edad avanzada. Por ello, las administraciones debemos afrontar coordinadamente estrategias que replanteen nuestras ciudades desde los puntos de vista de la oferta de los servicios públicos para la atención a las personas mayores. Una atención que, además, es una oportunidad para el empleo”, ha argumentado.
I PLAN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Por otra parte, Ruiz ha señalado que el pasado marzo, la Consejería presentó el I Plan de Investigación e Innovación en Servicios Sociales y la semana pasada se celebró en Málaga 'Tecnosocial', "la primera feria de España enfocada a la innovación tecnológica en servicios sociales, atención a la dependencia y fomento de la autonomía personal".
El I Plan de Investigación e Innovación tiene como objetivo "avanzar en la eficacia y mejora continua de las prestaciones a la ciudadanía, prevenir las necesidades sociales y mejorar los recursos que se destinan a las personas", según la Junta.
En este sentido, la consejera ha concretado que "se trata del primer proyecto de estas características que se pone en marcha, no solo en Andalucía, sino en toda España" y ha añadido que es "un plan pionero, participativo e innovador que busca promover el talento y la creatividad y que cuenta con un presupuesto de 11,6 millones de euros".
Esta iniciativa se enmarca, por una parte, en el proceso de modernización y digitalización de los servicios sociales que está llevando a cabo la Consejería y, por otra parte, con la implantación de un nuevo modelo de atención integral, reorganización de recursos, simplificación de procedimientos y agilización de trámites, "porque las personas en situación de vulnerabilidad necesitan respuestas y soluciones por parte de su Administración cuanto antes", ha señalado Ruiz.
"Es el momento de apostar por las políticas sociales si queremos que Andalucía sea, de verdad, la Comunidad fuerte, que genere empleo y riqueza y que aspire al lugar que merece", ha concluido la consejera.