La asociación mayoritaria de jueces traslada a la UE "preocupación" por el "deterioro" del Estado de derecho en España

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en al carrera judicial, ha trasladado a la Comisión Europea su preocupación por el deterioro de las garantías del Estado de Derecho en España.

A través de una nota de prensa, la APM ha informado de que ha participado este martes en la reunión de la Comisión Europea para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho 2026, en la que ha alertado de la ausencia de mejoras estructurales en independencia judicial, contrapesos institucionales y dotación de medios.

La asociación ha señalado el incumplimiento de la recomendación europea relativa a la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, recordando que, "pese a la renovación del órgano, no se ha modificado el modelo de designación parlamentaria de sus miembros".

Asimismo, ha expresado su preocupación por las reformas anunciadas sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, al considerar que desplazan el control de los procesos de selección hacia el poder ejecutivo.

En relación con la Ley Orgánica 1/2025 y la implantación de los Tribunales de Instancia, la APM ha advertido de "serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología".

La asociación también ha trasladado su inquietud por "determinadas declaraciones políticas que deslegitiman genéricamente a jueces y tribunales, por la falta de avances reales en la autonomía del Ministerio Fiscal y por la necesidad de preservar una clara delimitación entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria".

Por último, la APM ha reiterado su compromiso con el Estado de derecho y con las instituciones europeas, subrayando que lo que se reclama no son privilegios, sino condiciones estructurales adecuadas para que la Justicia pueda cumplir su función constitucional.

AJFV, PREOCUPADA POR LA "FALTA DE AVANCES REALES"

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), por su parte, ha compartido a la UE su preocupación "por la falta de avances reales en la adaptación del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial a los estándares europeos", según ha señalado también en una nota de prensa.

A juicio de la asociación, "ni se ha remitido al Parlamento una propuesta consensuada conforme al mandato legal, ni las iniciativas planteadas hasta la fecha garantizan una elección alineada con las exigencias de independencia institucional".

Con respecto a la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, AJFV defiende "un modelo basado en los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad", pues ha sido lo que "ha garantizado históricamente la transparencia, la seguridad jurídica y la independencia frente a la discrecionalidad política".

Así, celebra la convocatoria de 500 plazas para juez que anunció el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la semana pasada, al tiempo que expresa "dudas" sobre "procesos extraordinarios de estabilización".

Como ha venido reiterando, la asociación ha subrayado que "los problemas estructurales de la Justicia española", tales como la "sobrecarga de trabajo, falta de medios y desigual distribución de recursos" no pueden "resolverse únicamente mediante reformas organizativas", en referencia a la Ley de Eficiencia de la Justicia.

AJFV también expresa su "profunda preocupación por las reiteradas declaraciones públicas de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo que cuestionan resoluciones judiciales o atribuyen motivaciones políticas a los jueces".

"Este tipo de manifestaciones, aun cuando la crítica institucional sea legítima, resulta especialmente grave cuando puede percibirse como presión sobre los tribunales o como deslegitimación del Poder Judicial", argumenta la asociación.

Asimismo, ha advertido del "riesgo de injerencia política" derivado de determinadas iniciativas legislativas, como "la nueva organización judicial, la posible modificación del régimen de financiación de las asociaciones judiciales, las propuestas de limitación de la acción popular y la reforma de la instrucción penal para atribuirla al Ministerio Fiscal sin reforzar previamente su autonomía".