Autoridad Portuaria acerca posturas con Bruselas sobre la liquidación de la ampliación de El Musel

GIJÓN, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha participado este pasado miércoles, en Bruselas, en una reunión técnica con representantes de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, del Ministerio de Economía y Hacienda y de Puertos del Estado, con el objetivo de avanzar en la liquidación definitiva del proyecto de ampliación del puerto gijonés de El Musel y de la ayuda del Fondo de Cohesión asociada al mismo.

En este sentido, el saldo final pendiente de abono asciende a 49,5 millones de euros y se encuentra sin liquidar desde 2011, según una nota de prensa de la Autoridad Portuaria gijonesa, que ha resaltado que esta reunión es la primera interlocución directa del Puerto de Gijón con la Comisión Europea en más de 15 años.

Durante la reunión, se puso de manifiesto que todas las incidencias surgidas a lo largo de la obra fueron resueltas de manera satisfactoria, "permitiendo culminar una infraestructura de extraordinaria complejidad en un plazo especialmente reducido para un proyecto de esta envergadura", han destacado.

En la misma, ambas partes han acordado intercambiar documentación adicional para aclarar determinados aspectos técnicos sobre los que aún subsisten dudas.

Asimismo, la Comisión Europea deberá pronunciarse sobre las cuestiones de fondo y de forma planteadas por la delegación española, entre ellas la prolongación "injustificada" del expediente durante más de 15 años, una circunstancia que, según la entidad portuaria, podría vulnerar los principios de buena administración recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

"La Autoridad Portuaria de Gijón valora la reunión de forma positiva y confía en que el trabajo técnico y coordinado permita culminar el cierre definitivo del expediente en el menor plazo posible, poniendo fin a una situación de incertidumbre prolongada y garantizando el reconocimiento pleno de los derechos económicos que legítimamente corresponden al Puerto de Gijón", ha declarado la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí.

"El objetivo y la prioridad de la Autoridad Portuaria de Gijón es el desbloqueo definitivo del expediente europeo y el cobro íntegro del saldo final de la ayuda comunitaria", ha señalado Roqueñí.

Según el Puerto, en la reunión se ha constatado que, a pesar de las resoluciones del Tribunal de Cuentas y, de la sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2023, no se había articulado hasta ese momento una actuación "sostenida y eficaz" orientada a exigir el cumplimiento de las citadas resoluciones ni a trasladar su contenido a las instituciones europeas competentes.

SENTENCIAS "INEQUÍVOCAS"

A este respecto, han incidido en que estas resoluciones judiciales confirmaron, "de forma inequívoca", que el procedimiento de contratación, ejecución, modificación y liquidación de las obras de ampliación del Puerto de Gijón se desarrolló plenamente conforme a la legalidad vigente.

"La sentencia de la Audiencia Nacional desacreditó expresamente el informe de la OLAF que dio origen al procedimiento y que había sustentado durante años la posición de las partes acusadoras, al concluir que carecía de una base técnica y jurídica mínimamente sólida", han apuntado desde El Musel.

Asimismo, han indicado que el Tribunal puso de manifiesto que el dictamen de las peritos designadas entre personal de la IGAE no desvirtuaba la validez y legalidad del procedimiento de licitación, adjudicación y ejecución de las obras, llegando las propias peritos a reconocer ante la Audiencia que no disponían de los conocimientos técnicos especializados necesarios para responder a las cuestiones planteadas.

Han llamado la atención, además, que pese a la "claridad y contundencia" de esta resolución judicial, dictada en julio de 2023, su contenido no fue trasladado a las autoridades europeas hasta transcurridos más de ocho meses.

Además, han defendido que, ante esta situación, el nuevo equipo al frente de El Musel ha impulsado una actuación coordinada del conjunto de la Administración nacional, "exigiendo una defensa activa y alineada en todas las instancias", han resaltado.

Como resultado de esta iniciativa, la Comisión Europea presentó en julio de 2025 una nueva propuesta de cierre del proyecto, en la que redujo de forma sustancial la corrección financiera inicialmente planteada - que ascendía a la totalidad de los fondos, 247,5 millones de euros- y propuso limitarla a 32,7 millones de euros, que se descontarían del saldo final pendiente de 49,5 millones de euros.

No obstante, la citada propuesta seguía fundamentándose "en supuestas irregularidades basadas en los informes periciales ya desautorizados por la Audiencia Nacional, tal y como se recoge expresamente en el fundamento jurídico segundo de su sentencia de julio de 2023", ha recalcado.

Por este motivo, la Autoridad Portuaria de Gijón rechazó en su día esta propuesta y reclamó el abono íntegro del saldo pendiente, además de ofrecerse a mantener una reunión técnica directa con la Comisión Europea, que tuvo lugar este pasado miércoles.