Colegio de Abogados de Madrid.- El 84% de los letrados madrileños rechaza la obligatoriedad de los MASC, según encuesta del ICAM

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 84% de los letrados madrileños rechaza la obligatoriedad de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) y la mayoría califica con un cero la Ley 1/2025 de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia en sus primeros meses de aplicación.

Así consta en los resultados de la primera encuesta sobre el impacto real de esta norma en sus primeros meses de aplicación, realizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) entre un total de 1.164 letrados y letradas.

El sondeo revela un rechazo generalizado a la implantación obligatoria de los MASC como condición para acceder a los tribunales: el 84% de los encuestados valora negativamente la medida. Además, solo el 10% de los intentos de resolución anticipada del conflicto ha terminado con acuerdo, según los datos recabados.

La encuesta, compuesta por diez preguntas y realizada entre septiembre y octubre de este año, recoge una muestra representativa de los distintos perfiles profesionales de la abogacía madrileña: letrados del Turno de Oficio (21%), de grandes despachos (4%) y mayoritariamente de medianas firmas y ejercicio individual (89%).

El 82% de los encuestados ya ha tramitado procedimientos afectados por la nueva norma, lo que aporta una base sólida de experiencias reales al estudio.

Durante la presentación, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha señalado que "este estudio no es un ejercicio de crítica retórica, sino una herramienta de trabajo para mejorar el sistema".

"Los datos nos dicen que, tal y como está configurado y aplicado, el sistema de MASC no está logrando los objetivos de eficiencia y está generando cargas adicionales para la ciudadanía y para la abogacía", señala.

DESAJUSTES CON LA PRÁCTICA Y DISPARIDAD DE CRITERIOS

"Lejos de reducir la litigiosidad o aliviar las cargas procesales", según apunta del Colegio, la percepción mayoritaria entre la abogacía madrileña es que se han introducido más trabas que soluciones.

El 90% de los profesionales considera que los nuevos trámites ralentizan los procedimientos, mientras que únicamente el 4,3% cree que han agilizado la tramitación judicial.

Uno de cada dos abogados (50,7%) afirma haber tenido dificultades para acreditar el intento de acuerdo ante el juzgado, lo que en muchos casos ha supuesto la inadmisión de demandas.

De la encuesta también se infiere que la tasa real de éxito de estas vías extrajudiciales sigue siendo residual: solo el 10% de los conflictos se resolvió con acuerdo previo. En el resto de los casos, los intentos de acercamiento fracasaron, convirtiendo la fase previa en una carga procesal sin efectos prácticos.

Según el Colegio, la abogacía madrileña cuestiona, además, la utilidad de imponer formalmente la negociación sin contar con una estructura reforzada de medios, plantillas o criterios homogéneos. Uno de los principales puntos de fricción identificados en la encuesta es la diversidad de criterios judiciales a la hora de aplicar la nueva ley.

El 71% de los encuestados considera que los requisitos de procedibilidad se interpretan de forma muy dispar, mientras que solo un 4% cree que existe uniformidad en su aplicación.

Según el ICAM, esta fragmentación genera inseguridad jurídica y expone a los profesionales a una suerte de ruleta procesal, de manera que la admisión de una demanda depende del criterio particular de cada juzgado Mecanismos elegidos y percepción de eficacia.

A la hora de escoger el mecanismo de solución más viable, los colegiados se decantan mayoritariamente por fórmulas ya consolidadas en la práctica profesional: el 44% opta por la oferta vinculante y el 34,5*% por la negociación directa.

En cambio, fórmulas como la mediación (8,2%), la conciliación (10,6%) o el derecho colaborativo (1,6%) siguen teniendo una implantación residual.

El Colegio señala que el patrón revela que el sistema se está apoyando en herramientas ya existentes, sin lograr un cambio cultural profundo. Los medios considerados "más sofisticados" apenas se utilizan, probablemente por falta de incentivos, escasa formación específica o dudas sobre su eficacia.