El ICAM advertirá en el Congreso de que la Ley de Eficiencia puede "dificultar el acceso a la tutela judicial efectiva"

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) trasladará este lunes al Congreso de los Diputados su valoración crítica sobre el impacto de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en el marco de la jornada 'Un año de la Ley de Eficiencia. #RevisiónYa'.

Así lo ha indicado el ICAM en un comunicado, en el que ha detallado que el decano del ICAM, Eugenio Ribón, intervendrá en la segunda mesa del encuentro, titulada 'Los problemas de los profesionales antes y después de la ley de eficiencia y el coste para los ciudadanos'.

Durante su intervención, Ribón trasladará la posición institucional del Colegio ante una reforma que, pese a perseguir objetivos compartidos como una Justicia más ágil, accesible y eficiente, consideran que "está generando importantes disfunciones prácticas para la abogacía y para la ciudadanía".

En este sentido, el ICAM ha advertido de que "la configuración de los medios adecuados de solución de controversias como requisito general de procedibilidad puede convertirse, en determinados supuestos, en una barrera de acceso a la jurisdicción y comprometer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, cuestionando por tanto la constitucionalidad de la norma".

Las críticas se centran, según el Colegio, en "la imposición generalizada de un trámite previo cuya eficacia práctica no se está correspondiendo con la carga procesal, económica y organizativa que genera".

Asimismo, el decano expondrá la preocupación del ICAM por el impacto de la ley en procedimientos sensibles, como los de familia con menores, la justicia gratuita y los litigios internacionales o transfronterizos. En los asuntos de familia, han advertido de que la demora puede cronificar el conflicto y afectar al interés superior del menor, mientras que en justicia gratuita la exigencia de determinados requisitos puede suponer una carga añadida para personas vulnerables.

En los procedimientos internacionales, el Colegio ha señalado que la activación previa de un MASC puede anticipar la intención de demandar en España y favorecer estrategias procesales en otros foros.

"La eficiencia de la Justicia no puede medirse por el número de filtros previos que se interponen antes de acudir al juez, sino por la capacidad real del sistema para ofrecer respuestas seguras, ágiles y accesibles", ha subrayado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

Esta valoración se apoya también en una encuesta de la revista jurídica del ICAM, OTROSÍ, realizada a 1.164 letrados, según la cual el 84% valora negativamente la obligatoriedad de los MASC como requisito previo para acudir a los tribunales.

El estudio refleja que solo uno de cada diez intentos de resolución anticipada ha finalizado con acuerdo y que el 90% de los encuestados considera que los nuevos trámites están ralentizando los procedimientos. Además, el 50,7% ha tenido dificultades para acreditar el intento de acuerdo ante el juzgado.

Para el ICAM, estos datos evidencian el riesgo de que el debate procesal se desplace hacia la suficiencia formal del intento negociador, generando litigiosidad accesoria, retrasos e incertidumbre, a lo que se suma la disparidad de criterios judiciales detectada.

En concreto, el 71% de los encuestados considera que los requisitos de procedibilidad se están interpretando de forma desigual, lo que incrementa la inseguridad jurídica y dificulta una aplicación homogénea de la norma.

La participación del ICAM en esta jornada se enmarca en una línea de actuación mantenida desde la tramitación de la Ley Orgánica 1/2025, en la que el Colegio ha formulado propuestas de mejora, ha reclamado criterios homogéneos y ha impulsado herramientas y servicios de apoyo para facilitar la aplicación de los nuevos requisitos.