El ICAM llama a aplicar el nuevo reglamento de extranjería con "seguridad jurídica" y "coherencia técnica"

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha cerrado sus puertas con una llamada a aplicar el nuevo reglamento de extranjería con "seguridad jurídica, humanidad y coherencia técnica" tras analizar los principales retos jurídicos del nuevo marco normativo, ha informado el Colegio en un comunicado.

El acto de clausura, celebrado este mediodía en el Patio de la Biblioteca del Colegio, ha contado con las intervenciones del diputado de la Junta de Gobierno del ICAM responsable del área de Extranjería, Emilio Ramírez; el abogado y coordinador académico del Congreso, Carlos Mora; y el secretario de la Junta de Gobierno del ICAM, José Ignacio Monedero.

En sus intervenciones, destacaron que "el nuevo marco reglamentario exige no solo rigor técnico y coordinación, sino también empatía, escucha y un enfoque que entienda la extranjería como un proceso de integración, no como un simple trámite".

En ese proceso, subrayaron, "la abogacía actúa como bisagra y refugio: traduce el lenguaje de la administración al de la vida cotidiana y evita que un error formal trunque un proyecto vital".

Una de las primeras mesas del Congreso puso el foco en la aplicación práctica del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024, que ha generado un notable incremento de solicitudes en figuras como el arraigo social, laboral y familiar.

Desde las oficinas de extranjería se alertó sobre el impacto de estos cambios en la carga de trabajo y la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos, mejorar la atención al público y avanzar en la adaptación técnica e informática del sistema.

Desde la abogacía se insistió en "la importancia de homogeneizar criterios y garantizar la igualdad de trato, reclamando un esfuerzo institucional para asegurar una implementación eficaz, ágil y humana del nuevo marco normativo".

EL AUGE DEL TALENTO INTERNACIONAL EXIGE SEGURIDAD JURÍDICA

La mesa dedicada a la Ley 14/2013 y a la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos puso sobre la mesa la creciente complejidad de los procedimientos para la atracción de talento internacional.

Se analizaron figuras como la tarjeta azul, el visado para teletrabajadores y los permisos para profesionales altamente cualificados, subrayando la necesidad de armonizar criterios, automatizar procesos y reforzar los mecanismos de prevención del fraude.

La abogacía reclamó una mayor colaboración interadministrativa y una actualización continua de los marcos jurídicos que permita responder a las nuevas realidades del mercado laboral.

En la mesa dedicada a los procedimientos sancionadores y de expulsión se reclamó una aplicación proporcional del derecho administrativo sancionador, alineada con los estándares del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo.

Se insistió en la necesidad de reforzar "la coordinación entre Policía Nacional, Delegaciones de Gobierno y abogacía, así como en garantizar una correcta notificación a los letrados que permita el ejercicio efectivo del derecho de defensa desde el primer momento".

También se propuso una revisión de los protocolos de actuación en comisarías, especialmente en lo relativo al acceso de los abogados a las personas detenidas.

TRATA DE SERES HUMANOS: FORMACIÓN Y ENFOQUE VICTIMOCÉNTRICO

Una de las mesas más relevantes del Congreso abordó la persecución penal de la trata de seres humanos y su vinculación con los procedimientos de extranjería. Se denunció la fragmentación de criterios, la existencia de barreras probatorias y la necesidad de garantizar un enfoque victimocéntrico.

Los ponentes coincidieron en reclamar formación específica para jueces, fiscales y abogados, así como la elaboración urgente de protocolos claros de actuación mientras se desarrolla la ley integral contra la trata.

También se cuestionó el reciente cambio competencial que atribuye estos delitos a los juzgados de violencia de género, advirtiendo del riesgo de inseguridad jurídica ante la falta de especialización en crimen organizado.