Publicado 02/07/2026 16:28

El ICAM rechaza la decisión de no renovar los refuerzos judiciales y alerta de esperas de hasta 30 años

Archivo - Edificio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a 5 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado esta semana para el próximo ejercicio, un presupuesto equilibrado en 31,5 millones de eu
Archivo - Edificio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a 5 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado esta semana para el próximo ejercicio, un presupuesto equilibrado en 31,5 millones de eu - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha trasladado este jueves al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes su "firme" rechazo ante la decisión de no renovar las medidas de refuerzo en órganos judiciales "especializados" en condiciones "generales" de la contratación.

Esta medida podría llevar a esperas judiciales de hasta 30 años, según ha informado el Colegio en un comunicado. En este sentido, la institución ha advertido de que si se toma como referencia una capacidad "media" de resolución en torno a 1.500 recursos "anuales", la respuesta en segunda instancia puede proyectarse a horizontes cercanos a las tres décadas, lo que dejaría a miles de consumidores pendientes de apelación .

De esta manera, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha advertido en su escrito de que una Justicia que llega décadas tarde supone una denegación "práctica" de la tutela "judicial" efectiva. "Una Justicia que llega 20 o 30 años tarde no es Justicia", ha aseverado el decano, quien ha recordado que en primera instancia ya se están admitiendo a trámite demandas presentadas en 2020.

VIDA DE LAS FAMILIAS

En los procedimientos de hipoteca multidivisa, las cantidades discutidas pueden alcanzar los 60.000 euros, con consumidores que se enfrentan a riesgos patrimoniales "severos" e incluso a la pérdida de su vivienda habitual. Asimismo, en los asuntos de gastos hipotecarios, las reclamaciones resultan "relevantes" para miles de familias y se multiplican por el volumen "masivo" de procedimientos.

Por otro lado, la decisión ministerial afecta a 62 órganos judiciales en toda España, según ha alertado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El propio órgano de gobierno de los jueces ha solicitado al Ministerio que reconsidere la denegación de la autorización económica de las medidas para evitar dilaciones "indebidas" y garantizar la tutela judicial efectiva.

AUDIENCIA PROVINCIAL

En Madrid, la Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles de la Audiencia Provincial ha avisado de que la finalización de estos refuerzos provocará una ralentización de la actividad "judicial", con incrementos de más de cuatro años sobre los tiempos de respuesta "actuales". Además, ha señalado que la litigiosidad civil soportada multiplica por 4,5 el módulo de entrada establecido.

Finalmente, el ICAM ha recordado que el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia puede dar lugar a la responsabilidad "patrimonial" de la Administración.

Por ello, el Colegio ha exigido al Ministerio una rectificación "inmediata" y la aprobación de un plan "urgente", "estructural" y "dotado" para garantizar que los ciudadanos obtengan una respuesta judicial en plazos "compatibles" con un Estado de Derecho.

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