El ICAM traslada al Gobierno un decálogo de medidas para mejorar la Justicia ante apertura del año judicial

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha reclamado al Gobierno y a los grupos parlamentarios una revisión de las últimas reformas judiciales y una mejora de los medios y herramientas de la Justicia para garantizar el derecho de defensa, dentro del decálogo de diez medidas prioritarias que ha presentado con motivo de la apertura del año judicial.

Según ha informado el Colegio en un comunicado, el documento recoge iniciativas que desde la institución vienen defendiendo ante los poderes públicos y las instituciones de Justicia y que reclama impulsar en el nuevo curso judicial.

Las propuestas parten de la experiencia de los profesionales y de los estudios realizados por el ICAM sobre la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, el funcionamiento de la Justicia Digital y las dilaciones judiciales, junto con las reivindicaciones que han venido trasladando en ámbitos como la Justicia Gratuita, la conciliación, las consignaciones judiciales o la dotación de medios a juzgados y tribunales.

"En los últimos años se han sucedido reformas de enorme alcance y ha llegado el momento de evaluar con rigor sus efectos. La política de Justicia no puede medirse por el número de leyes aprobadas o de herramientas implantadas, sino por su capacidad para facilitar el acceso a los tribunales, reducir tiempos, ofrecer seguridad jurídica y garantizar plenamente el derecho de defensa", ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.

RECLAMACIONES

El ICAM sitúa entre sus principales prioridades la revisión de la configuración general de los medios adecuados de solución de controversias como requisito obligatorio para acceder a la jurisdicción.

El estudio realizado por el Colegio entre 1.164 abogados y abogadas refleja un diagnóstico especialmente crítico: el 84% rechaza su obligatoriedad, únicamente el 10% de los intentos concluye en acuerdo, el 90% considera que los nuevos trámites ralentizan los procedimientos, el 50,7% ha encontrado dificultades para acreditar el intento negociador y el 71% detecta criterios judiciales dispares. La valoración media de la regulación es de 1,6 sobre 10.

"El ICAM no cuestiona el valor de la negociación, la mediación o la conciliación, sino su imposición general como requisito de procedibilidad y las consecuencias que puede tener sobre el derecho de acceso a la Justicia", ha explicado el decano del ICAM.

Así, subraya que "una caída del número de demandas no puede interpretarse automáticamente como un indicador de éxito". "Hay que conocer si los conflictos se están resolviendo mejor o si, por el contrario, existen ciudadanos que encuentran nuevas dificultades para acceder a los tribunales", ha advertido Ribón.

El Colegio ha planteado al Gobierno y a los grupos parlamentarios dudas sobre su compatibilidad con el artículo 24 de la Constitución y ha reclamado una revisión urgente, con especial atención a determinados procedimientos de familia con menores y a los conflictos transfronterizos.

Para la vicedecana Isabel Winkels, y abogada de referencia en Derecho de familia: "imponer obligatoriamente los MASC en un ámbito tan especializado y donde el acuerdo ya es mayoritario no solo es innecesario, sino contraproducente".

EVALUACIÓN TRIBUNALES DE INSTANCIA

Por otro lado, el Colegio reclama que el balance de la Ley Orgánica 1/2025 no se limite a los MASC y que se someta también a evaluación la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia.

El ICAM considera necesario analizar su impacto efectivo sobre los tiempos de respuesta, la organización de los órganos judiciales y la seguridad jurídica, así como corregir las disfunciones e incidencias que se detecten durante su despliegue.

Para el Colegio, una reforma de esta magnitud requiere seguimiento continuado, criterios homogéneos y capacidad para rectificar cuando la experiencia práctica ponga de manifiesto problemas no previstos.

De igual modo, solicita que la transformación digital de la Justicia se evalúe a partir de su funcionamiento real y de su impacto sobre el derecho de defensa.

El I Estudio ICAM sobre Justicia Digital, elaborado a partir de 1.373 respuestas, y presentado este verano, muestra que el 46,9% de los profesionales está insatisfecho o muy insatisfecho con su funcionamiento y que seis de cada diez consideran que la digitalización apenas agiliza los procedimientos o incluso los dificulta.

Especialmente significativo es el Expediente Judicial Electrónico: el 59,4% declara problemas frecuentes o muy frecuentes para acceder al expediente completo, ordenado y con suficiente antelación. Si se incluyen las incidencias ocasionales, la cifra se aproxima a nueve de cada diez profesionales.

Entre otras medidas, el Colegio reclama acceso íntegro a expedientes y grabaciones, mayor interoperabilidad entre sistemas, protección de la confidencialidad abogado-cliente y mecanismos eficaces para responder a fallos tecnológicos que puedan afectar a plazos o actuaciones procesales.