Archivo - Edificio del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), a 5 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado esta semana para el próximo ejercicio, un presupuesto equilibrado en 31,5 millones de eu - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Madrid ha interpuesto un recurso de reposición ante la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid contra la autorización de un centro universitario al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Según destacan los socialistas en un comunicado, consideran que se ha vulnerado el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales tras habilitarse a sí mismo para impartir titulaciones oficiales C en los nuevos estatutos aprobados el pasado julio.
ICAM Universidad nacía el 14 de noviembre con la publicación de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se convertía en el primer centro universitario en España impulsado por un Colegio Profesional.
El secretario de Justicia del PSOE-M y diputado en el Congreso, Guillermo Hita, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que según la Ley de Colegios Profesionales estos "organismos solo pueden impartir formación de posgrado, no grados universitarios".
"Lo grave es que la propia Administración sabía de este problema porque hay informes internos de la Abogacía General que ya habían alertado de que esto era ilegal. A pesar de ello, el consejero autorizó el centro", ha reprochado.
Asimismo, el socialista ha destacado el papel del ICAM como acusación particular en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este acabó sentenciado e inhabilitado.
Hita ha apuntado que "prácticamente en paralelo ha conseguido la autorización para crear el grado en derecho". "Esta coincidencia temporal resulta cuando menos sospechosa y refleja cómo decisiones administrativas se entrelazan con intereses políticos", ha apostillado para advertir de que si la Comunidad no asume el recurso se reserva la posibilidad de ir a los tribunales.
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