SAN SEBASTIAN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del grupo de Aralar en Juntas Generales de Gipuzkoa, Rebeka Ubera, pidió hoy al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa que "continúe con la financiación de la gestión en baja", recogida y traslado, del proceso de recogida selectiva de materia orgánica en municipios guipuzcoanos en 2010", aunque el proyecto piloto finalice a finales de diciembre.
En una rueda de prensa en San Sebastián, Ubera, acompañada de los concejales de Aralar en el Ayuntamiento donostiarra, Ainhoa Beola; en el de Zarautz, Andoni Aranguren; y en el de Aretxabaleta, Jose Angel Antxia; consideró "poco serio" que el Consorcio de Residuos "deje de lado, a partir de diciembre, los proyectos pilotos de recogida selectiva de materia orgánica" puestos en marcha en Zumaia, Zarautz, San Sebastián, Artexabaleta y Azpeitia.
La juntera de Aralar censuró que ahora los ayuntamientos y mancomunidades tengan que "pagar la gestión en baja" de estos residuos, a su juicio, un "juego perverso de la Diputación" para "culpar a los municipios por dejar a un lado la recogida selectiva" de materia orgánica.
Asimismo, criticaron que la Diputación "disponga de 30 millones de euros para infraestructuras" destinadas a residuos "pero no tenga dinero suficiente para mantener una apuesta firme a favor de la recogida selectiva".
Como ejemplo, Beola señaló que sufragar los gastos de la gestión de baja para mantener el quinto contenedor en el barrio donostiarra de Amara supondría un gasto municipal de "más de 1 millón de euros". "Los municipios, y más en la coyuntura actual, no tienen medios económicos para sufragar los gastos de gestión en baja", afirmó.
Además, Beola acusó a la Diputación guipuzcoana de hacer "oídos sordos" a los "compromisos que adquirió" en la experiencia piloto, en la que "aceptó aplicar la gestión de residuos también en otros barrios", y pidió al diputado de Desarrollo Sostenible, Carlos Ormazabal, que "no se limite al desarrollo normativo y pase a la acción".
Por su parte, fuentes del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, en declaraciones a Europa Press, explicaron que el acuerdo adoptado en diciembre de 2008 para la puesta en marcha de esta experiencia piloto, con un año de duración, "establecía las condiciones" de la misma que se trasladaron "a todos" los participantes en el proyecto.
Además, puntualizó que según lo acordado, transcurrido el año, el pago de la gestión en baja "correspondería a las mancomunidades y municipios, mientras que la gestión en alta correría a cargo del Consorcio".
En este sentido, el Consorcio, integrado por la Diputación de Gipuzkoa y las Mancomunidades de Debagoiena, Debabarrena, San Marcos, Sasieta, Urola-erdia, Urola-kosta y Tolosaldea, insistió que los municipios "conocían desde un principio las condiciones del proyecto piloto y el funcionamiento cuando terminase".