La asociación denunciante afirma que Sidenor sabía que el acero que vendía a Israel se destinaba a fabricar obuses

BILBAO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Palestina de Catalunya, personada como acusación en la causa contra Sidenor por los supuestos delitos de contrabando y complicidad con genocidio, por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMI), ha afirmado este jueves que Sidenor sabía que el acero que vendía a Israel se destinaba a fabricar obuses, según se recoge en un listado de empresas armamentísticas elaborado por la compañía vasca.

En un comunicado, los querellantes recuerdan que, durante el registro de la siderúrgica en su sede principal de Basauri (Bizkaia) el pasado 10 de febrero, en el marco de la investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional contra el presidente de la empresa, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos por supuestos delitos de contrabando y complicidad con genocidio, se localizó documentación "que evidencia" que la siderúrgica "tenía pleno conocimiento de que el acero exportado a empresas armamentísticas israelíes iba destinado a la fabricación de obuses".

La asociación asegura que, entre los "hallazgos más relevantes" figura un correo electrónico impreso encontrado en el despacho de un directivo, a su vez uno de los tres investigados".

Según precisa, el documento contiene una tabla con destinatarios del sector armamentístico, entre ellos, la empresa israelí IMI Systems LTD, junto a la "referencia expresa" al suministro de acero para "obuses", así como Israel Weapon Industries.

Comunitat Palestina de Catalunya afirma que se trata de "una cadena de comunicaciones", la más reciente fechada el 5 de marzo de 2025, que hace referencia al registro de exportaciones de Sidenor destinadas al sector armamentístico durante 2024. Además, precisa que en el listado aparecen además "otros nueve países y más de 20 empresas del ámbito militar".

Según advierte, de confirmarse que esas exportaciones se realizaron sin autorización administrativa previa ni comunicación a la Junta Interdepartamental Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), "los hechos serían calificables como delito de contrabando".

Por otra parte, denuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "está bloqueando, de manera arbitraria y obstinada, cualquier intento de esclarecimiento de los hechos y la práctica de diligencias clave".

En este sentido, recuerda que el Ministerio público se opuso a la entrada y registro en la sede de Sidenor "y después recurrió la resolución que los había acordado".

Tras acusar a la Fiscalía de "tartar de obstaculizar" el procedimiento judicial, recuerda que el próximo 2 de marzo está previsto que declare "como víctima del genocidio" una persona palestina que actualmente reside en España "y que ha manifestado su voluntad de comparecer como querellante particular en la causa".

En su opinión, en caso de que el juez reconociera su condición de víctima, "la Audiencia Nacional tendría plenas competencias para juzgar por complicidad con un delito de genocidio a Sidenor y sus altos cargos".

La asociación pide que el procedimiento judicial "continúe sin interferencias" y que se practiquen "todas las diligencias necesarias" para determinar "la eventual responsabilidad penal de los directivos de Sidenor y de la propia empresa por presuntos delitos de contrabando y de complicidad en un crimen de genocidio o de lesa humanidad, derivado de la exportación de materiales destinados a la fabricación de armamento en un contexto de genocidio contra el pueblo palestino".