Ayuntamiento de Oñati deberá indemnizar con casi 39.000 euros a un extrabajador de mantimiento por daños a su salud

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oñati ha sido condenado a indemnizar con casi 39.000 euros a un extrabajador de mantenimiento por daños a su salud. El juzgado considera probado que el Consistorio guipuzcoano "no adaptó el puesto de trabajo pese a las limitaciones médicas del operario, lo que derivó en una baja laboral por ansiedad", según ha informado el sindicato ELA.

En un comunicado, ha explicado que la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Eibar ha condenado al Ayuntamiento de Oñati a pagar 38.678,50 euros a un exoperario de mantenimiento en concepto de responsabilidad civil por los daños sufridos durante una baja laboral prolongada, relacionada con un "trastorno de ansiedad no especificado".

La sentencia estima la demanda presentada por Bidelagun Fundazioa (fundación de ELA para la promoción de la salud laboral) y concluye que el Consistorio "es responsable de los perjuicios ocasionados al trabajador durante el periodo de incapacidad temporal comprendido entre el 29 de febrero de 2024 y el 22 de octubre de 2025".

El fallo judicial se apoya además en dos sentencias previas, ya firmes, que determinaron que la baja médica derivaba de un accidente laboral. En concreto, el tribunal consideró acreditado que el Ayuntamiento "no adaptó el puesto de trabajo del operario pese a sus limitaciones para la manipulación y exposición a productos químicos", ha apuntado ELA.

La jueza señala en la resolución que ya había quedado probada "la responsabilidad de la empleadora demandada en la producción del daño al trabajador", así como la relación directa entre el incumplimiento de las medidas de seguridad y la situación de incapacidad temporal sufrida por el empleado.

Bidelagun Fundazioa y ELA han recordado la importancia de garantizar entornos laborales "seguros y ajustados a la normativa de prevención de riesgos laborales" y han considerado que esta resolución judicial "pone el foco en la falta de cultura preventiva de las administraciones públicas y evidencia que la protección de la salud laboral continúa siendo una asignatura pendiente también en el sector público".