El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, el alcalde del municipio, Gorka Artola, y el concejal de Urbanismo, Markel Azkargorta, en Bergara - IREKIA
SAN SEBASTIÁN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El municipio guipuzcoano de Bergara, que ha sido declarado zona de mercado residencial tensionado, reorientará sus futuros desarrollos residenciales hacia el alquiler protegido con la construcción de 739 nuevas VPO y viviendas tasadas. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla en total 1.123 nuevas viviendas, de las cuales 291 serán VPO y 448 tasadas para priorizar el alquiler. Además, prevé movilizar 790 viviendas vacías y aprovechar lonjas, caseríos y viviendas de gran tamaño para generar nueva oferta.
El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, se reunió la semana pasada con el alcalde del municipio, Gorka Artola, y el concejal de Urbanismo, Markel Azkargorta, para analizar la situación residencial del municipio y las medidas contempladas en el plan. Durante la jornada, también visitaron varias parcelas en las que están previstas construcciones de viviendas protegidas.
De hecho, se ha concretado la posibilidad de conveniar la cesión y próxima ejecución de la parcela municipal del A17.1, Artzamendi, con capacidad para 20 VPO, y también se han valorado las opciones de los ámbitos entorno al nuevo edificio del instituto Miguel Altuna así como los de Urteaga y la zona de la antigua Algodonera, respectivamente.
Bergara ha experimentado un incremento del 21,5% en el precio medio del alquiler de los últimos cinco años y cuenta con 470 expedientes activos en Etxebide, de los que el 86,6% corresponden a personas que demandan una vivienda en alquiler. El 77,5% de las personas inscritas dispone de ingresos bajos o medio-bajos y el 26,8% tiene menos de 36 años. A esta demanda se suma un parque de vivienda protegida y pública que representa el 6,4% del total.
De los Toyos ha señalado que "el reto consiste en adecuar las herramientas públicas a las necesidades reales de la población". "En Bergara tenemos que aumentar la oferta y conseguir que una parte mayor responda a la demanda real de alquiler", ha afirmado, para añadir que "la respuesta requiere combinar la construcción de nuevas viviendas protegidas con la movilización del parque existente y la rehabilitación de inmuebles que hoy no están disponibles en condiciones adecuadas".
Por su parte, Artola ha subrayado que "el acceso a una vivienda digna es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y una prioridad para el Ayuntamiento". "Tenemos que trabajar para que las personas que quieren desarrollar su proyecto de vida en Bergara tengan oportunidades reales de acceder a una vivienda a un precio asequible", ha añadido, al tiempo que ha considerado "imprescindible la colaboración entre las distintas administraciones".
El planeamiento urbanístico de Bergara contempla 1.123 nuevas viviendas, de las que 739 están previstas como protegidas. El plan de acción plantea revisar los criterios urbanísticos y los regímenes de protección de los desarrollos pendientes para reforzar el peso de la vivienda protegida y orientar una mayor parte de la oferta hacia el alquiler. Entre las actuaciones previstas figura el desarrollo de A-40, donde se encuentran en ejecución 36 viviendas libres.
El documento no plantea una nueva expansión residencial a corto plazo, sino aprovechar mejor las posibilidades existentes en el planeamiento y reforzar la colaboración entre las administraciones para incrementar la oferta pública y protegida. Para ello, contempla acuerdos con el Gobierno Vasco y Visesa, especialmente en parcelas de titularidad pública, además de estudiar las necesidades de suelo y las fórmulas de cooperación que permitan materializar las actuaciones.
"La declaración de zona tensionada nos proporciona herramientas, pero lo importante es utilizarlas dentro de una estrategia realista, coordinada y con capacidad para ejecutarse", ha señalado De los Toyos.
PLAN DEL MUNICIPIO
El plan identifica 790 viviendas vacías o deshabitadas, según el censo municipal utilizado como referencia para las políticas públicas. Una parte de estos inmuebles presenta problemas de antigüedad o conservación, por lo que su incorporación al mercado requiere, en determinados casos, actuaciones previas de rehabilitación.
Bergara cuenta actualmente con 62 viviendas incorporadas al programa Bizigune. El plan propone reforzar su capacidad de captación, mantener los incentivos vinculados al programa y estudiar medidas fiscales relacionadas con la vivienda vacía. Entre ellas figura analizar la posibilidad de elevar el recargo del IBI aplicado a viviendas que no constituyen residencia habitual, actualmente situado en el 50%, hasta el máximo que permita la normativa.
La rehabilitación constituye otra de las líneas de actuación. El documento plantea identificar las necesidades del parque residencial, mejorar la accesibilidad y la eficiencia de los edificios y priorizar aquellas situaciones en las que las condiciones de habitabilidad, la presencia de personas mayores o la existencia de viviendas vacías hacen más necesaria la intervención.
También prevé impulsar iniciativas de acompañamiento a las comunidades de propietarios, con Osintxu como posible ámbito piloto para desarrollar un modelo de apoyo a la rehabilitación y a la movilización de vivienda.
El plan propone, además, aprovechar mejor los espacios ya construidos para ampliar la oferta residencial sin depender exclusivamente de nuevos desarrollos urbanísticos. Entre las posibilidades que plantea figuran facilitar, bajo condiciones reguladas, la transformación de locales en viviendas, estudiar la división de determinados caseríos cuando resulte compatible con la actividad agraria y permitir la segregación de viviendas de gran tamaño.
Estas medidas requieren revisar ordenanzas y procedimientos municipales, analizar las características de cada inmueble y garantizar que las nuevas viviendas cumplen las condiciones de habitabilidad y se integran adecuadamente en el entorno urbano. El documento plantea actualizar la normativa sobre locales, simplificar trámites y localizar los espacios que podrían incorporarse al uso residencial.
El plan también incorpora medidas dirigidas a mejorar la atención a las personas que necesitan una vivienda. En 2024, el 51,32% del gasto municipal en ayudas de emergencia social se destinó al alquiler, con un importe de 149.300 euros. El documento propone adaptar la gestión de estas ayudas al nuevo sistema de prestaciones de vivienda, reforzar la coordinación con Etxebide e informar y acompañar a la ciudadanía en la tramitación de las ayudas disponibles.
Asimismo, plantea abordar las dificultades que se producen cuando los recursos de alojamiento de emergencia prolongan su ocupación por la falta de alternativas residenciales asequibles. El objetivo es mejorar la coordinación entre los servicios sociales y las políticas de vivienda para facilitar respuestas adecuadas a cada situación.
