CC.OO rechaza la congelación salarial para 2010 de los 95.000 empleados públicos vascos

Actualizado: viernes, 4 septiembre 2009 18:38

Demanda la convocatoria de la mesa de negociación en la que exigirá mantener el poder adquisitivo y reformar la Función Pública Vasca

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. considera "inaceptable" la campaña mediática "desatada" durante el periodo vacacional en contra del incremento salarial del personal de la Administración vasca y con ello "también en contra del mantenimiento de los servicios públicos, tan necesarios en una situación de crisis como la actual".

Según explicó la central en un comunicado, en la actual situación económica y de desempleo, es necesaria una política de "compromiso y apoyo con los más desfavorecidos y maltratados por dicha situación" y, por ello, servicios como los de sanidad, desempleo, enseñanza, servicios sociales, seguridad ciudadana, transportes o justicia son "más necesarios que nunca".

Por este motivo, CC.OO. exige "rigor" en los planteamientos y propuestas, ya que parte de los empleados de las instituciones vascas pertenecen a los ayuntamientos y diputaciones con su convenio pactado y vigente para el año 2010 y el resto corresponden fundamentalmente al Gobierno vasco, por lo que sus condiciones de trabajo, incluidos los incrementos salariales, son materia de negociación entre la Administración y las organizaciones sindicales en la correspondiente mesa de negociación, foro en el que deben de presentarse las propuestas.

MESA

La central demanda del Gobierno vasco la convocatoria de la mesa de negociación en la que exigirá, además del mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, una profunda reforma de la Función Pública Vasca, "tan necesaria como reclamada por la ciudadanía para dar una respuesta eficaz a sus demandas".

Esta reforma deberá llevarse a cabo mediante la negociación y adaptación de la Ley de la Función Publica Vasca del año 1989 al Estatuto Básico del Empleado Publico (EBEP) aprobado en abril de 2007 en el Congreso de los Diputados.