SAN SEBASTIÁN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Foral de Gipuzkoa será la primera Administración que tendrá en cuenta el cumplimiento de la Ley de Morosidad a la hora de valorar los méritos para optar a ayudas públicas a empresas, según ha informado la institución foral.
Así lo recogen los borradores de decretos de ayudas a la innovación e internacionalización que el diputado foral de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo, Jon Peli Uriguen, tiene previsto elevar a la aprobación del Consejo de Diputados próximamente.
Según ha explicado Uriguen, tanto en los contactos que ha mantenido directamente con pequeñas empresas del Territorio y en la ronda que Adegi realizó por las comarcas con sus asociados "la exigencia de cumplimiento de la ley de morosidad es una de las principales reclamaciones de los empresarios guipuzcoanos".
A su juicio, "no es de recibo" que desde las administraciones se aporten recursos a las empresas tractoras por su efecto sobre el conjunto de la economía y "estas, aún disponiendo de 'cash', estén pagando a sus proveedores a 180 días cuando la ley establece que el plazo máximo de pago en 2012 debe de ser de 75 días".
De esta forma, ha considerado que "las grandes empresas se están financiando a costa de las pequeñas y poniendo en grave riesgo su futuro en un momento en que las entidades financieras rechazan financiar el circulante".
Los decretos de ayudas que serán aprobados en los próximos días establecen que las empresas que opten a ayudas forales en el campo de la innovación, la internacionalización o las TICs deberán acompañar en las solicitudes no sólo una declaración responsable de estar al día con la Seguridad Social y con Hacienda, sino la memoria de sus cuentas anuales, que son auditadas.
En las cuentas, tal y como establece la propia Ley de Morosidad, debe reflejarse el importe del saldo pendiente de pago a proveedores en operaciones comerciales que al cierre del ejercicio acumulen un aplazamiento superior al plazo legal de pago.
En cuanto al compromiso de pago de las administraciones, el diputado ha recordado que la Diputación Foral de Gipuzkoa es la Administración "más cumplidora a la hora de realizar los pagos" ya que, según ha apuntado, "la media de pago en 2011 fue de 29,6 días, cuando para ese año la Ley de Morosidad situaba la exigencia de abono en 50 días".
"Nuestro plazos de pago están, incluso, muy por debajo de las exigencias de pago para las administraciones en 2012 que es de 40 días. Nada que ver con la situación del Estado en el que el tiempo medio de pago en las administraciones es de 147 días y también con plazos inferiores a otras administraciones vascas", ha asegurado.
Finalmente, Uriguen ha recordado que la Ley de Morosidad establece que las empresas privadas en 2012 deben pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 75 días. El objetivo de la Ley de Morosidad es que para el 1 de enero de 2013 en el Estado español los plazos de pago se equiparen con Europa.
