Mesa del Diálogo Social - EUROPA PRESS
VITORIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno Vasco, a través del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, complementará con 2 millones de euros el desempleo de trabajadores en ERTE por la guerra y destinará también hasta 100 millones al fomento de la contratación, según ha acordado la mesa del Diálogo Social de Euskadi reunida este martes. Este órgano ha pactado también un programa de recualificación y recolocación por 1,5 millones ante los efectos del conflicto en Irán.
Durante el encuentro, se han estipulado otros tres acuerdos relativos a la futura Ley vasca de Participación Institucional, el avance en el desarrollo de un modelo propio de formación para personas trabajadoras y la creación de un grupo de trabajo sobre migraciones en el mercado laboral.
Los integrantes de la mesa, Gobierno Vasco, UGT, CCOO y Confebask, han constatado que la situación derivada de la guerra en Oriente Medio, "marcada por la inestabilidad económica, el incremento del coste de la energía, las disrupciones en las rutas comerciales internacionales y la presión inflacionaria", empieza a tener "impactos significativos" sobre el tejido productivo vasco, "afectando a la competitividad de las empresas y poniendo en riesgo el empleo y las condiciones laborales".
Por ello, han reafirmado su compromiso con "la protección de las personas trabajadoras, las empresas y el conjunto de la ciudadanía", así como con "el mantenimiento de la actividad económica y del empleo". En su opinión, es necesario mantener "un seguimiento continuo y coordinado de la situación", con el objetivo de "promover medidas que permitan anticipar y mitigar sus efectos".
En este sentido, la mesa ha calificado de "positivas" la adopción de iniciativas orientadas a "reforzar la resiliencia del tejido industrial vasco", en línea con lo acordado en el Grupo para la Defensa Industrial, con el objetivo de "conformar un escudo que contribuya a mitigar el impacto del conflicto".
También considera "prioritario" avanzar en medidas dirigidas a estabilizar los precios de la energía, vigilar los mecanismos de formación de precios en sectores estratégicos, activar los instrumentos previstos en la legislación vigente para garantizar la viabilidad de las empresas y evitar la destrucción de empleo.
En consecuencia, la mesa ha acordado mantener "un cauce permanente de reflexión y comunicación" entre sus miembros para "promover e impulsar todas las medidas necesarias que permitan minimizar el impacto socioeconómico de la guerra".
En concreto, se ha acordado "de forma progresiva y siempre teniendo en cuenta la situación de la guerra y sus consecuencias sobre la economía vasca", el diseño e implantación de actuaciones para "complementar las prestaciones por desempleo de las personas trabajadoras afectos a expedientes de regulación de empleo por causas relacionadas con la guerra".
El Gobierno Vasco establecerá un complemento a las prestaciones de desempleo de los trabajadores en ERTE, "más vulnerables y con salarios más reducidos", condicionado a la obligación de mantenimiento del empleo, "provenientes de sectores afectados por la guerra de Irán".
Con este objetivo, se establecerá un presupuesto de 2 millones de euros para los trabajadores con bases de cotización inferiores o iguales a 23.000 euros y por un importe de 175 euros mensuales para personas con una jornada de trabajo superior al 50% y de 125 euros mensuales para quienes tengan una jornada inferior al 50%.
La Mesa también ha acordado recualificar y recolocar a desempleados procedentes de sectores en crisis por la guerra "mediante un modelo de intervención integral que conecta sus perfiles con las necesidades de personal cualificado de las empresas", el programa de Lanbide Aukera berri.
De esta forma, se diseñará un programa de recualificación y recolocación para estas personas por un importe de 1.500.000 euros, "dirigidos a colectivos en situación de desempleo provenientes de dichos sectores, que serán determinados por el Departamento de Industria".
El programa articulará "pasarelas ágiles y organizadas" entre las personas en situación de desempleo y las necesidades de personal cualificado de las empresas, detectadas mediante un sistema de prospección colaborativo con los agentes sociales --organizaciones empresariales y sindicales-- y otros agentes cualificados.
Con el objetivo de fomentar la contratación, se establecerán fórmulas de acceso con discriminación positiva para desempleados y/o empresas afectadas por las consecuencias de la guerra por un importe máximo de 100 millones de euros.
"PROFUNDA PREOCUPACIÓN"
El acuerdo recoge también la "profunda preocupación" de la Mesa del Diálogo Social por la "escalada del conflicto bélico" tras el ataque de EEUU e Israel a Irán "creando un contexto que genera una grave inestabilidad internacional con relevantes implicaciones humanitarias, económicas y sociales".
Asimismo, han manifestado su rechazo a la violencia y su solidaridad con todas las personas afectadas, "especialmente con los colectivos más vulnerables, como mujeres, niños y niñas, que sufren de manera más intensa las consecuencias de este tipo de conflictos".
La mesa ha valorado el acuerdo de alto el fuego, porque "abre una ventana de esperanza", resulta "imprescindible avanzar hacia el cese de las hostilidades, el respeto al derecho internacional humanitario y la apertura de vías de diálogo que permitan lograr una paz verdadera en la región".
En su opinión, "es el momento para que la diplomacia y la UE trabajen en garantizar la estabilidad y la seguridad en Oriente Medio" de forma que "ayude a lograr la paz, reabrir el estrecho de Ormuz y restablecer así las conexiones energéticas y las rutas comerciales globales, evitando una gran crisis económica mundial".