BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El notario de la Fundación Aequitas, Manuel Rueda Díaz de Rábago, destacó hoy el aumento de las actuaciones de las distintas fiscalías del Estado respecto al control de los tratamientos e ingresos no voluntarios de personas mayores en residencias y centros sociosanitarios.
Con motivo de la conferencia 'Aspectos jurídicos de las personas mayores dependientes: incapacitación y tutela', que pronunció esta tarde en Bilbao, Manuel Rueda indicó que "existe una mayor concienciación por parte de los poderes públicos para vigilar y controlar los ingresos en estos centros, de la misma forma que se controlan los ingresos de las personas con enfermedad mental, lo que redunda en una mayor calidad de la asistencia sociosanitaria".
El notario incidió en el hecho de que "este mayor control de las fiscalías se traduce en más visitas a las residencias, un seguimiento más cercano de los tratamientos y en una mayor vigilancia del patrimonio de la persona ingresada", con lo que las garantías para las personas atendidas es mayor aún y mejora la calidad general de la red de asistencia.
Manuel Rueda adelantó igualmente con respecto al patrimonio protegido de las personas con discapacidad que "todavía existe un nivel considerable de desconocimiento de las opciones con las que la legislación actual fomenta las aportaciones al mismo".
Así, explicó que si bien dichas aportaciones pueden realizarse en forma de bienes, "éstos presentan todavía algunas dificultades fiscales a la hora de aportar el bien -que en muchas ocasiones suele tener un valor considerable- y en el momento del fallecimiento del discapacitado".
Por otro lado, dijo que "las aportaciones al patrimonio protegido de las personas discapacidad en forma de bienes consumibles, generalmente periódicos y de poco valor, destinados al mantenimiento ordinario de las personas con discapacidad, tienen para las personas que las realizan deducciones fiscales que pueden ser aprovechadas por los aportantes, sean éstos cuidadores o no".
En cuanto a las medidas de apoyo existentes en el ordenamiento jurídico para los casos de incapacidad e incapacitación para los actos jurídicos, Rueda Díaz de Rábago recordó que existen varias figuras, como la patria potestad, la tutela, la curatela, el defensor judicial y el guardador de hecho.
En contraposición a la tutela, en la que el tutor actúa directamente o sustituye la voluntad de la persona tutelada, "se está produciendo un fomento de la curatela, en la que la persona con limitación de su capacidad para actos jurídicos actúa por sí misma junto con la ayuda del curador", destacó.
Este fenómeno está relacionado con la ratificación por parte del Estado español de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según explicó el notario, esta convención aboga por que las personas con discapacidad participen al máximo en la toma de decisiones sobre los aspectos que les atañen: "De este modo, se trata de que decida el discapaz y de que el resto de personas que le acompañan en su estado le apoyen en esta toma decisiones", indicó.
El sistema actual, de privación de capacidad de obrar, se va sustituyendo por otro consistente en potenciar la actuación del discapaz con las medidas de apoyo que precise.
Igualmente, Rueda Díaz de Rábago recalcó el hecho de que esta ratificación por parte de España de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad "va a traer consigo varias reformas legales", entre las que incluyó la reforma del Código Civil y la ya encargada al Gobierno de la Ley de Enjuiciamiento Civil".
