SAN SEBASTIÁN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, a causa de un error informático, "ya identificado y subsanado", ha efectuado el cobro erróneo del importe relativo al pago fraccionado del segundo trimestre del año de algunos autónomos que tienen domiciliado este cargo.
El error en los ficheros de Hacienda ha sido identificado a primera hora de este jueves, y los responsables de la Hacienda Foral se han puesto inmediatamente en contacto con las entidades financieras para dar aviso de la incidencia, pero no ha podido detener en todos los cobros incorrectamente repetidos.
Sin embargo, el departamento ya ha subsanado el error y se dispone en las siguientes horas a dar solución a todas las incidencias y formalizar las debidas devoluciones, según ha informado la Diputación foral.
De esta manera, la Hacienda Foral ya ha solicitado a las entidades financieras efectuar, por un lado, la devolución de los importes indebidamente cobrados a los contribuyentes y, por otro, realizar el cargo de los importes correctamente calculados, regularizando de esta manera la situación generada hoy y que durante el día de mañana se corregirá.
Asimismo, el Departamento de Hacienda y Finanzas ha pedido disculpas por los inconvenientes que se hayan podido causar a todos aquellos contribuyentes y se ha comprometido a trabajar para que en el futuro no se generen situaciones como la presente.
PAGOS FRACCIONADOS
Todas las personas profesionales que ejercen actividades económicas están obligadas a realizar pagos fraccionados, y a presentar el modelo 130, salvo ciertas situaciones excepcionadas en la normativa.
El plazo de presentación del segundo trimestre comenzó el 1 de julio y finalizó el 10 de agosto. A los contribuyentes que tienen domiciliado el pago fraccionado, es la propia Administración Tributaria la que emite la petición de cargo a las entidades financieras conforme a los criterios solicitados por cada contribuyente.
En este sentido, se ha identificado que la información remitida a las entidades financieras por parte de la Administración contenía errores en los importes relativos a cargar a los contribuyentes, provocando el cobro indebido en algunos casos.
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