Gobierno vasco exige a Interior y Migraciones "respeto institucional, información completa y diálogo real" sobre el PEMA

BILBAO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha entregado en mano sendas cartas dirigidas a los máximos responsables del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en las que exige información "completa, diálogo real y coordinación efectiva" en torno a la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, PEMA.

Según ha informado el Gobierno Vasco, da este paso ante el "silencio" mantenido durante más de dos meses por parte de los ministerios competentes, pese a las reiteradas solicitudes de información, participación y planificación compartida.

El Departamento considera que esta falta de respuesta supone una "falta de respeto institucional" hacia las administraciones que, en la práctica, deberán asumir buena parte de las consecuencias operativas, sociales y presupuestarias del nuevo marco europeo.

La carta recuerda que la entrada en aplicación del PEMA tendrá un impacto directo sobre competencias que ejercen las instituciones vascas en materias como acogida, protección social, integración, infancia, salud, servicios sociales y convivencia comunitaria.

También subraya que la implementación del Pacto no puede abordarse únicamente desde una lógica estatal, jurídica o policial-administrativa, sino que exige una arquitectura territorial "clara", corresponsabilidad, financiación suficiente y participación efectiva de las administraciones competentes.

"El Gobierno Vasco no va a aceptar que se le informe tarde, mal y por vías indirectas de decisiones que afectan directamente a Euskadi. No se puede pedir corresponsabilidad a las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, excluirlas de la información, de la planificación y de la decisión", han señalado desde el Departamento.

Melgosa trasladará a ambos ministerios que Euskadi debe ser reconocida y tratada como Frontera Norte del Estado, "no como una excepcionalidad, sino como una realidad institucional, social y territorial que ya existe". "La situación de Irun, del Bidasoa, de los recursos de acogida, de Osakidetza, de los servicios sociales, de las diputaciones forales, de los ayuntamientos y de las entidades del tercer sector no puede quedar fuera de la planificación estatal", añade.

El Gobierno Vasco insiste, además, en que una de las principales preocupaciones tiene que ver con la falta de información sobre las denominadas instalaciones designadas para los procedimientos fronterizos.

En el caso de Euskadi, esta demanda tiene una traducción concreta: conocer con carácter oficial, completo y previo qué función va a tener el centro Arana de Vitoria-Gasteiz o cualquier otro dispositivo que pueda activarse en el marco del PEMA.

"Necesitamos saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué medios, con qué perfiles, con qué calendario, con qué financiación y con qué garantías. No basta con referencias parciales ni con explicaciones genéricas. No puede haber cajas negras administrativas dentro del Estado", recoge el planteamiento trasladado por el Gobierno Vasco.

La carta también advierte de que la llamada solidaridad flexible prevista en el Pacto genera dudas razonables si no se concreta cómo se va a traducir internamente en el Estado: quién asume qué responsabilidades, con qué recursos, con qué criterios de derivación, con qué financiación y con qué participación de comunidades autónomas, cabildos, diputaciones, ayuntamientos y tercer sector.

Por todo ello, el Gobierno Vasco solicita la convocatoria urgente de un espacio de trabajo político y técnico que permita conocer la estrategia completa del Gobierno de España para la implementación del PEMA, evaluar sus implicaciones competenciales, presupuestarias y operativas, y acordar mecanismos eficaces de cooperación institucional.

Ese espacio deberá abordar, al menos, el papel concreto de las comunidades autónomas en la aplicación del PEMA; la participación de diputaciones, ayuntamientos y tercer sector; el reconocimiento de Euskadi como Frontera Norte; la financiación necesaria para los servicios públicos y las entidades sociales; los protocolos de derivación y atención a personas vulnerables; la información detallada sobre centros, instalaciones y dispositivos; y la traducción interna del mecanismo europeo de solidaridad.

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico reitera, asimismo, la necesidad de que el Gobierno de España impulse un plan estructural migratorio de Estado, estable, integral y compartido, que aborde todo el espectro migratorio: tránsito, acogida, protección internacional, permisos, inclusión, menores, convivencia, empleo, vivienda, frontera norte, frontera atlántica y coordinación transfronteriza.

"El PEMA no puede convertirse en un nuevo parche dentro de una sucesión de urgencias. La migración hace tiempo que dejó de ser una realidad coyuntural y exige una respuesta estructural, sostenida y acordada entre instituciones", subrayan desde el Gobierno Vasco.

Nerea Melgosa trasladará a Interior y Migraciones un mensaje claro: "Euskadi quiere formar parte de la solución, pero para formar parte de la solución debe formar parte también de la información, la planificación y la decisión". "El respeto institucional no se proclama, se practica, y después de más de dos meses de silencio, lo mínimo exigible es una respuesta seria, inmediata y completa", concluye el Departamento.