La reforma ha sido aprobada por el Pleno de la Cámara autonómica - PAULINO ORIBE-PARLAMENTO VASCO
VITORIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento Vasco ha aprobado la reforma de la Ley de Juventud impulsada por el PNV y el PSE-EE con el fin de reforzar la protección de los menores de edad en las actividades de ocio y tiempo libre, que ha salido adelante con la abstención de los grupos de la oposición ante el grueso del texto.
Esta reforma, impulsada a raíz de los presuntos delitos contra la libertad sexual de varios menores cometidos en las colonias de Bernedo (Álava), eleva a 600.000 euros, a través de una enmienda del PP incluida en el texto, las sanciones máximas para las infracciones más graves de la normativa.
Además, establece que la entidad responsable de la actividad en la que participen personas menores de edad deberá realizar previamente a su inicio una declaración responsable, un documento oficial en el que se manifiesta, bajo la asunción de la propia responsabilidad, que se cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa para realizar una actividad.
Este documento deberá registrarse ante la Diputación foral correspondiente al territorio histórico en el que se vaya a realizar la actividad o ante el departamento competente en materia de juventud del Gobierno Vasco, en el supuesto de que se realice en más de un territorio histórico.
Además, tendrá que establecerse reglamentariamente cuándo es necesario realizar la declaración, su contenido y su forma de presentación. En el supuesto de acampar al aire libre, se deberá contar con el informe favorable del ayuntamiento o junta administrativa sobre las condiciones del lugar y con la autorización de la persona o entidad propietaria del terreno.
Por otra parte, en las actividades de tiempo libre, se tendrá que aportar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual del personal que tenga contacto con personas menores de edad, que deberá renovarse anualmente.
La propuesta también establece un apartado que define las infracciones en función de su relevancia. En el caso de las infracciones graves, se consideran como tales los casos en los que en actividades de tiempo libre infantil y juvenil se permita la participación de personas menores de edad no emancipadas que no estén acompañadas de alguna persona que tenga su patria potestad o tutela sin contar con la autorización expresa y escrita de la persona que tenga dicha patria potestad o tutela.
REGISTRO DE DELINCUENTES SEXUALES
También se cataloga como infracción grave realizar actividades de tiempo libre reguladas en esta ley sin haber declarado a la administración competente la información requerida antes del inicio de la actividad, así como incumplir de forma importante las condiciones de la actividad que se declararon a la administración, o no contar con el personal titulado según las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Asimismo, se propone establecer como infracción grave realizar actividades de tiempo libre con personas menores de edad sin acreditar que el personal que esté en contacto habitual con estas dispone de la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
El parlamentario del PNV Ander Añibarro ha defendido la proposición de ley registrada por su grupo, sobre la que ha destacado que "actúa donde era necesario actuar", al establecer "mecanismos más claros, exigentes y garantistas". En este sentido, ha explicado que la reforma "ordena el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos, y clarifica el régimen de infracciones, incorporando supuestos graves y muy graves cuando se incumplen obligaciones".
La parlamentaria del PSE-EE Itxaso Asensio ha subrayado que la propuesta de su grupo y el PNV "está enfocada a reforzar la responsabilidad jurídica del organizador, mejorar la capacidad de control e inspección de la administración, reforzar la protección a los menores, reducir riesgos, aumentar el control previo a las actividades e instalaciones, y dar mayor calidad para la inspección y para las entidades".
A LA ESPERA DEL DECRETO
Desde la oposición, la representante de EH Bildu Edurne Benito del Valle ha criticado las "chapuzas jurídicas" que incluye el texto, y ha reprochado al PNV y el PSE que hayan tratado de "transmitir una idea de endurecimiento", cuando "este supuesto endurecimiento no existe", puesto que buena parte de las medidas de la reforma ya se incluyen en otras leyes. Además, ha denunciado que cuando apenas faltan unas semanas para el inicio de los campamentos de verano, el Gobierno sigue sin aprobar el decreto que regula estas actividades.
La parlamentaria del PP Laura Garrido ha afirmado que "hubiera sido deseable presentar un proyecto de ley más riguroso, más claro, más garantista y que hubiera aportado más seguridad jurídica". En este sentido, ha reprochado a 'jeltzales' y socialistas que únicamente hayan presentado esta iniciativa "para lavar su imagen ante su propia inacción y dejación ante los graves acontecimientos sucedidos en el udaleku de Bernedo".
"OPORTUNIDAD PERDIDA"
Por parte de Sumar, Jon Hernández, ha lamentado que con esta modificación legal "se pierde una oportunidad" de haber abordado esta cuestión "con más calma, más consenso y alejados del ruido político y mediático" en torno al 'caso Bernedo'.
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que a través de esta reforma, el PNV y el PSE-EE pretenden "lavarse las manos", y ha denunciado que se trata de una proposición de ley "que no sirve de nada" porque "se ha quedado muy corta".