La iniciativa propone que deje referenciarse al SMI y se vincule a un Indicador de Gastos Mínimos Comunes en Euskadi
VITORIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La proposición para la reforma de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión registrada este viernes en la Cámara Vasca por el PNV y el PSE crea una renta específica para pensionistas y redefine las unidades convivenciales. Además, la iniciativa de los partidos del Gobierno propone que la RGI deje referenciarse al SMI y se vincule a un Indicador de Gastos Mínimos Comunes en Euskadi.
El texto, registrado este viernes en la Cámara Vasca por las parlamentarias Amaia Arregi (PNV) y Gloria Sánchez (PSE-EE), está basada en el documento de medidas que la consejera de Empleo, Beatriz Artolazabal presentó en el Parlamento en mayo de 2017 y que, según sus proponentes, "incide en los colectivos con mayor riesgo de exclusión" y tiene en cuenta las aportaciones realizadas por cerca de una veintena de entidades del tercer sector en el Parlamento en los últimos seis meses.
La proposición, de 136 páginas e integrada por 107 artículos, redefine las unidades convivenciales, concepto que amplía al de familias, e incluye "nuevas realidades", como las personas que comparten vivienda sin relación familiar entre ellas.
Además, pretende que la RGI establecezca un nuevo criterio de forma que deje de referenciarse al Salario Mínimo Interprofesional (SIM) y lo haga respecto a un Indicador de Gastos Mínimos Comunes en Euskadi.
La unidad de convivencia estará constituida por "las personas que residan conjuntamente en el mismo domicilio", con independencia de "las formas de realción jurídica, afectiva o familiar existentes entre ellas, y de la situación que haya ocasionado la convivencia". Todas deberán constar como inscritas en el padron municipal.
Con carácter general, la propuesta establece una única prestación por unidad de convivencia. Sin embargo, "aun cuando se resida junto a otras personas en un mismo domicilio, podrán coexistir unidades de convivencia diferenciadas entre sí cuando se reconozca la existencia de alguna unidad de convivencia excepcional". Podrán tener consideración de unidades de convivencia excepcionales las víctimas de maltrato en el ámbito familiar, objeto de desahucio, separación o divorcio, entre otros casos
La cuantía base por unidad de convivencia se establece en 455 euros y aumentará, con distintos complementos, en función del número de personas en la unidad convivencial. La renta máxima garantizada para una unidad de convivencia primaria de un solo miembro ascenderá a 659,75 euros, 15 euros más que en la actualidad.
Los complementos serán mayores si en la unidad convivencial hay menores en riesgo de exclusión, en el caso de familias monoparentales, discapacidad o cuando haya víctimas de maltrato en el ámbito familiar.
Junto a la Renta de Garantía de Ingresos, se crea la Renta Garantizada para Pensionistas, dirigida a las personas integradas en un núcleo pensionista que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a sus necesidades básicas. La renta máxima para este colectivo se establece en 784 euros, frente a los 732 que perciben con el actual sistema, lo que suponen 52 euros más.
El texto incluye la previsión del derecho para personas refugiadas, con circunstancias excepcionales a la hora de cumplir determinados requisitos que asumidos en la proposición de ley, ya que se les excepciona del requisito de empadronamiento.
INCLUSIÓN
La proposición plantea también "un reforzamiento" de la labor de inclusión, un compromiso que adquieren todas las personas integrantes de la unidad de convivencia o núcleo de pensionista.
Sus impulsores defienden que este sistema resulta "más beneficioso" ya que, de incurrirse en un incumplimiento, la unidad o núcleo no se verá necesariamente privada de la cuantía íntegra que le sirve de sustento básico, sino que podrá verse afectada en función del incumplimiento cometido.
Otra de las adaptaciones de la iniciativa tienen que ver con la incorporación de nuevos derechos, como el que garantiza la Ley de Vivienda, "que obliga a que se elimine la prestación complementaria del sistema de garantía ingresos porque se debe regular a través del decreto del derecho subjetivo que se aprobará en breve".
También incluye previsiones para "mejorar la eficacia de las prestaciones", a través de una simplificación de los procedimientos de tramitación y gestión. En este sentido, se busca que los perceptores no se vean perjudicados en caso de que se generaran cantidades indebidamente percibidas
AGILIZAR LA APROBACIÓN
Tras la proposición de Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión en el Parlamento vasco, PNV y PSE pretenden "agilizar su aprobación" mediante un consenso político "lo más amplio posible" con el fin de "mejorar una prestación que está ayudando a miles de familias".
Pese a que el Gobierno tenía previsto en su calendario legislativo remitir la reforma a finales de 2018, ambos grupos creen "fundamental" darle "una tramitación más ágil, atendiendo además la voluntad compartida por el resto de los grupos de la Cámara".
Tanto la parlamentaria jeltzale Amaia Arregi como la socialista Gloria Sánchez, el objetivo "fundamental" de la propuesta de reforma del sistema de RGI, "corrigiendo algunas de las disfunciones observadas en la Ley 18/2008 y adaptando el diseño al actual contexto socioeconómico".
"Buscamos preservar, mejorar y hacer sostenible un modelo de prestaciones que nos ha colocado en la vanguardia de las políticas sociales. Disponemos de un instrumento que ha evitado que más de 132.000 personas sufran cada año situaciones de pobreza y accedan convenientemente formadas a un puesto de trabajo", han defendido.
En su objetivo de "reforzarla y perfeccionarla", esperan "contar con todos los grupos de la oposición", por lo que han manifestado su confianza en "la responsabilidad, el rigor y la seriedad de todos ellos para acordar, negociar y cerrar la mejor reforma". "Nuestra disposición es sincera y creemos que podremos llegar a un buen acuerdo", han reiterado.
Ambas parlamanterias han destacado "el doble derecho" del actual modelo de garantía de ingresos e inclusión social, que "reconoce, tanto el derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, como el derecho a recibir apoyos personalizados para la activación laboral y social".
En este sentido, han defendido que la reforma propuesta "tiene específicamente en cuenta" la Recomendación de la Unión Europea de abril de 2017", sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que establece que "toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínimas adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación".
También han afirmado que, "para las personas que puedan trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)inetgración en el mercado laboral".
