El PP recurrirá el nuevo canon de la A-8 (Bizkaia) que sigue siendo "ilegal" y sirve para pagar "otras infraestructuras"

BILBAO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juntero vizcaíno del PP Carlos Olazábal anunció hoy la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el último decreto foral que establece el canon de la autopista A-8 porque, según explicó el aforado, el cobro que supone dicho gravamen sigue siendo "ilegal" y sirve para pagar "otras infraestructuras" distintas a esta vía.

Según explicó Olazábal en rueda de prensa, la impugnación se dirigirá exactamente contra el decreto foral de 28 de diciembre de 2007, que modificaba otro anterior del 18 diciembre, bajando parcialmente la cuantía de ciertos tramos de la autopista "ante el miedo de las repercusiones".

Para el juntero popular, el decreto que va a ser recurrido, "reitera la ilegalidad" que supone el cobro del canon en la A-8 desde agosto. "Este decreto foral del 28 de diciembre viene a remachar el clavo en el mismo sentido", añadió.

En esta línea, advirtió de que el decreto foral de finales de año no es conforme a derecho porque "no cumple" lo establecido en la legislación vizcaína, concretamente, en la norma foral 2/2007.

"Detrás de todo esto nos encontramos con una grandísima chapuza por parte de la Diputación, que no ha cumplido los plazos y no ha cumplido la norma que se inventaron para eludir una sentencia de los tribunales, que decía que estaban cobrando un canon ilegal. Han estado cobrando ilegalmente un canon y acaban de aprobar un nuevo canon sin cobertura legal", indicó.

Olazábal dijo que este decreto "demuestra el fracaso como políticos" de los responsables de la Diputación porque, "además de cobrar impuestos, se dedican a cobrar cánones para cubrir el fracaso del Gobierno vasco que está desaparecido en las infraestructuras de Bizkaia".

Conforme a los datos presentados por el juntero popular, hasta el momento en la A-8 se ha recaudado "tanto dinero como el que han invertido y como el que van a invertir para hacer el tercer carril", por lo que, "a partir de ahora, todo lo que van a empezar a recaudar es para otras infraestructuras que, o no son la A-8, o no van a entrar en servicio hasta dentro de un montón de años".

"Los ciudadanos van a estar pagando un canon ilegal para financiar, no el mantenimiento de la autopista y la construcción del tercer carril, sino para otras infraestructuras", reiteró. Además, aseguró que, entre 2003 y octubre de 2007, se recaudaron en la autopista 176 millones, por los 154 que se gastaron.

También criticó que la Diputación ha hecho uso del decreto foral, que implica no llevar al pleno de juntas la normativa, para "no dar la información sobre el sistema de cálculo utilizado para establecer el canon".

TRES RAZONES

En cuanto a las razones jurídicas concretas para presentar el recurso, explicó que son tres. La primera, que la citada norma foral 2/2007 establecía un plazo de seis meses para aprobar el nuevo canon, plazo que, según Olazábal, expiró en agosto de este año.

En este sentido, añadió que, a partir de este mes, la Diputación no tendría capacidad legal para establecer mediante decreto ni los tramos de autopista, ni la cuantía; las competentes habrían sido las Juntas Generales mediante norma foral.

La siguiente razón del recurso es que la norma 2/2007 también establece todo el sistema de cálculo del peaje, mientras que el decreto del 28 de diciembre "no ha hecho ningún cálculo" porque "no les salen los números".

La tercera razón es "la causa más divertida de todas" para el aforado del PP, ya que la actualización aprobada el 28 de diciembre para el canon, como se recoge en el propio decreto, se hace en base al artículo 5 de la norma foral 11/2002, cuando ésta quedó derogada por la norma 2/2007. "Es decir, el decreto actualiza el canon en base a una norma foral que no existe porque fue derogada", explicó.

Por otro lado, criticó que la impugnación contencioso-administrativa tendrán que presentarla como "personas físicas individuales, conductores", porque se da "la paradoja de que esta institución, las Juntas Generales y la Diputación, en los tribunales defiende que estos junteros no tienen capacidad de defender los derechos de los ciudadanos en su calidad de junteros".

"Los señores concejales pueden recurrir las normas de los ayuntamientos, los señores parlamentarios pueden recurrir las normas de los parlamentos, los señores diputados pueden recurrir las normas del Congreso pero el PNV estima que los señores junteros no representan a ningún vizcaíno, a ningún guipuzcoano ni a ningún alavés y no pueden defenderlos derechos de sus representados ante los tribunales de Justicia. Es una magnífica lección de democracia y de conocimiento del derecho por parte del PNV", criticó.

El juntero también aseguró que cuentan con dos meses para presentar el recurso desde su publicación a finales de año, por lo que el plazo vence en febrero. Actualmente están recopilando la información sobre el caso, como paso previo a la presentación formal del recurso.

"Es evidente que, en caso de perder el recurso, --los responsables de la Diputación-- recurrirán al Tribunal Supremo intentando ganar el sueño de los justos, como han hecho la vez anterior. Llevan cinco años cobrando un canon que según el TSJPV no deberían cobrar y pretenden seguir cobrando este canon y tirar la pelota hacia el futuro, esperan que el tiempo nos haga olvidar y no nos van a hacer olvidar", agregó.

Por último, denunció que la situación que se vive en Bizkaia, donde se utiliza el canon de autopista "para pagar otras infraestructuras no ocurre en ningún otro lugar de Europa". "Somos los únicos que aplicamos a todos los ciudadanos una normativa europea pensada para el transporte pesado, en una infraestructura amortizada donde la propia normativa europea dice que no hay que aplicarlo", concluyó.