Pradales y Clavijo piden a Von Der Leyen que se incorpore a las regiones a la aplicación del Pacto de Migración

BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han dirigido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, en la que piden que, "en el ejercicio de sus funciones", asegure que los estados miembros, entre ellos España, incorporen "de manera efectiva" a las autoridades regionales y locales en la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

En su misiva, ambos mandatarios manifiestan su "profunda preocupación" por la ausencia de "un proceso real, previo y efectivo de diálogo, coordinación y planificación" con el Gobierno español respecto a la implementación del Pacto.

"Lo hacemos desde el máximo respeto institucional y desde una convicción compartida: la aplicación del nuevo marco europeo solo podrá ser eficaz, ordenada y garantista si incorpora de manera efectiva la realidad de los territorios que van a asumir buena parte de sus consecuencias prácticas", manifiestan.

Según aclaran, su pretensión no es trasladar al ámbito europeo una controversia interna, sino "advertir de una carencia de gobernanza multinivel que puede afectar directamente a la calidad democrática, a la eficacia operativa y a la protección de los derechos fundamentales en la aplicación del Pacto".

En la carta aseguran que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo modifica "de manera sustancial" el marco de gestión de las llegadas, los procedimientos fronterizos, la protección internacional, los retornos, el registro de datos, los mecanismos de solidaridad y la coordinación entre administraciones.

Añaden que, sin embargo, en el caso del Estado español, las comunidades autónomas no han participado, hasta la fecha, "en un espacio formal de análisis, planificación y seguimiento" que permita "conocer la estrategia estatal, anticipar sus consecuencias, definir responsabilidades o evaluar sus implicaciones competenciales, presupuestarias y operativas".

A su juicio, esta "ausencia de diálogo" resulta "especialmente preocupante porque el propio enfoque europeo subraya la necesidad de implicar a las autoridades regionales y locales, a los interlocutores sociales y a la sociedad civil en la preparación y despliegue de los planes nacionales de implementación".

Además, puntualizan que Canarias y Euskadi representan "dos realidades territoriales distintas, pero complementarias", dentro de los itinerarios migratorios que atraviesan Europa. "Canarias es frontera exterior de la Unión Europea y principal punto de entrada de la Ruta Atlántica. Euskadi es Frontera Norte del Estado y territorio de tránsito hacia otros países europeos", explican.

PLANIFICACIÓN COMPARTIDA

En su opinión, ambas "realidades" exigen "planificación compartida, información previa, financiación suficiente, protocolos claros y mecanismos estables de cooperación institucional". Afirman que, en concreto, en Canarias, "las incertidumbres afectan de manera directa a la capacidad de respuesta ante los procedimientos de control previo en frontera, a la eventual presión sobre los recursos de acogida y a la necesidad de una distribución equitativa de responsabilidades".

Respecto a Euskadi, destacan "la falta de reconocimiento institucional de su realidad como Frontera Norte" que "dificulta la planificación de la atención en Irun, en el Bidasoa, en los recursos de acogida, en los servicios sociales, en el sistema sanitario, en las diputaciones forales, en los ayuntamientos y en las entidades del tercer sector que acompañan diariamente a las personas migrantes".

Además, expresan su preocupación por que el mecanismo europeo de solidaridad "no tenga todavía una traducción interna clara dentro del Estado español", y aseguran que la solidaridad entre Estados miembros "debe ir acompañada de una solidaridad territorial dentro de cada Estado".

"INFORMACIÓN COMPLETA"

También consideran "imprescindible" que el Gobierno de España comparta "información completa, oficial y previa sobre las denominadas instalaciones designadas o cualquier otro centro o dispositivo vinculado a los procedimientos previstos en el Pacto".

Según puntualizan, es necesario "conocer su ubicación, función, capacidad, perfiles atendidos, condiciones materiales, garantías jurídicas, asistencia letrada, traducción, intervención de organismos especializados, papel de las administraciones autonómicas y locales, financiación y mecanismos de control institucional".

"Ninguna instalación vinculada al Pacto puede funcionar como una caja negra administrativa ni activarse sin conocimiento y coordinación con las instituciones del territorio", critican.

También aluden, como "cuestión de especial relevancia" la atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y afirman que "el nuevo marco europeo no resuelve por sí mismo un desafío que continúa recayendo de forma intensa sobre determinadas comunidades autónomas".

Además, expresan su convicción de que la protección de la infancia exige "instrumentos de cooperación, criterios de reparto equitativo, financiación suficiente y garantías homogéneas en todo el territorio".

Por ello, piden a la Comisión Europea "que tome conocimiento de esta situación" y que, "en el ejercicio de sus funciones de seguimiento y control político de la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, tenga en cuenta la necesidad de asegurar que los Estados miembros incorporen de manera efectiva a las autoridades regionales y locales en la preparación, implementación, seguimiento y evaluación de sus planes nacionales".

También consideran necesario que las instituciones europeas "velen por que la aplicación del Pacto, no se limite a una lógica administrativa o fronteriza", sino que "integre una perspectiva de derechos, cohesión territorial, inclusión, protección social, infancia, salud, convivencia y participación de las instituciones que trabajan directamente sobre el terreno".

Aseguran que Canarias y Euskadi han solicitado al Gobierno de España la convocatoria urgente de "un espacio de trabajo político y técnico que permita conocer la estrategia completa de implementación, evaluar sus implicaciones y acordar mecanismos eficaces de cooperación" ante la "necesidad objetiva" de que las comunidades autónomas "no pueden ser meras receptoras de decisiones adoptadas sin su participación cuando son, precisamente, quienes deben afrontar muchas de sus consecuencias prácticas".

Asimismo, rinsisten en la necesidad de que el Estado español "impulse un plan estructural migratorio, estable, integral y compartido, que aborde todo el espectro migratorio: tránsito, acogida, protección internacional, permisos, inclusión, menores, convivencia, empleo, vivienda, frontera atlántica, Frontera Norte y coordinación transfronteriza".

Tal como advierten, la migración "hace tiempo que dejó de ser una realidad coyuntural" y no puede seguir gestionándose "mediante respuestas parciales, tardías o fragmentadas". "Los Gobiernos de Canarias y Euskadi quieren formar parte de la solución. Pero para formar parte de la solución es imprescindible formar parte también de la información, de la planificación y de la decisión", apuntan

En su opinión, la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo debe ser "una oportunidad para reforzar la corresponsabilidad, la solidaridad y la dignidad humana" y no "para consolidar dinámicas de unilateralidad, opacidad o improvisación".

Por último, manifiestan su disposición a trasladarle "valoración institucional" de forma directa, compartir "la realidad" de sus territorios y contribuir a "una implementación del Pacto que sea coherente con los principios europeos de solidaridad, subsidiariedad, cooperación leal, respeto a los derechos fundamentales y protección de las personas más vulnerables".