Pradales reclama "un sistema de garantías imparcial y un marco de bilateralidad" en la reforma de la Ley del TC

BILBAO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha reclamado "un sistema de garantías imparcial y un marco de bilateralidad" en la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, y un Poder Judicial que "responda a la estructura descentralizada del Estado". Además, ha pedido a los tribunales a "respeten el euskera y los consensos alcanzados" en torno a esta lengua vasca, y a avanzar en la euskaldunización de la Administración de Justicia.

En el acto de apertura del Año Judicial, celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao --en el que han estado presentes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, representantes de la Judicatura y Fiscalía, y de otras instituciones--, Pradales ha apelado a "construir una Justicia eficaz, ágil, digital, humana, universal y euskaldun".

Junto al Lehendakari también han intervenido el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y la Fiscal Superior, Carmén Adán.

En su discurso, Imanol Pradales ha destacado que la Justicia "es un servicio público esencial" que hay que fortalecer, "pero también mucho más que eso". "Es equilibrio y contrapeso de los poderes, y salvaguarda de los derechos y los deberes, de las normas de convivencia que nos hemos dado", ha añadido.

Además, ha señalado que la Justicia, "como elemento fundamental de la democracia, no es ajena a la crisis de confianza, a las transformaciones tecnológicas ni a los cambios demográficos". "Por eso, cuando hablamos de proteger la democracia ante las amenazas que experimenta, debemos ponerla, también, en un primer plano. Pero ¿cómo debe ser la Justicia para responder a las expectativas de una sociedad cada vez más exigente?, eficaz, rápida, moderna, humana, universal y cercana", ha remarcado.

A su juicio, ser "eficaz significa contar con los medios humanos necesarios, algo que no depende directamente de Euskadi". "Venimos trasladando al Gobierno español, en coordinación con el TSJPV, la necesidad de contar con más plazas ante la saturación que viven nuestros juzgados, especialmente en las capitales vascas", ha indicado.

En este sentido, ha manifestado que, según el informe publicado el año pasado por el Consejo de Europa, mientras la media en los países europeos es de 17,6 jueces por cada 100.000 habitantes, en Euskadi es de 10,1. "Volvemos a reclamar que se solucione este déficit estructural, más urgente si tenemos en cuenta el obligado proceso de relevo generacional con el escenario de jubilaciones previsto", ha insistido.

NUEVA LEY

En Euskadi, tal como ha apuntado Imanol Pradales, "además de maximizar los recursos" con los que se cuenta, se prepara una nueva Ley para reorganizar los juzgados, "mejorando la atención al público, reforzando los que más lo necesitan, y priorizando ámbitos sensibles como la violencia de género o los procesos de familia".

Pradales ha recordado la frase del filósofo Séneca de "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", para asegurar que "no podemos permitirnos que haya juicios que se celebran tres o cuatro años después de que se cometa el delito", ni tampoco que "cale la percepción de que personas que delinquen repetidamente quedan impunes".

"Hemos mejorado la coordinación entre Ertzaintza, policías municipales, jueces y fiscales para potenciar los juicios rápidos, y vamos a seguir avanzando en esa línea. Pero tenemos que hacer más para combatir y atajar la multirreincidencia. La desburocratización constituye otra de las claves. Tenemos en la tecnología una gran aliada para agilizar procesos", ha incidido.

Por ello, ha dicho que se desarrollará el Expediente Judicial Electrónico con un plan de justicia digital, y se está implantando la inteligencia artificial en procesos como las transcripciones de vistas o las traducciones de audio.

"Debemos explorar todo su potencial, especialmente como apoyo en tareas repetitivas o de poco valor añadido. Y debemos ser capaces de hacerlo evitando la brecha digital, preservando la universalidad y la humanidad que debe caracterizar la acción de la justicia", ha apuntado.

El Lehendakari ha abogado "por seguir apostando por un modelo propio, basado en el respeto a la dignidad de la persona, con un enfoque de reintegración, resocialización, mediación y justicia restaurativa".

"LA DIMENSIÓN EMOCIONAL"

Imanol Pradales ha explicado que, en el pleno de política general del Parlamento Vasco del pasado día 18, puso sobre la mesa "la necesidad incorporar la dimensión emocional en las políticas de bienestar públicas", y ha defendido que la Justicia también afronte "este desafío, porque interactúa día a día en sus procesos con personas que atraviesan procesos durísimos emocionalmente, que experimentan preocupación, miedo, rabia, tristeza o duelo". "La calidez, la comprensión y la empatía ayudan a sobrellevarlas. Con poco, puede hacerse mucho", ha aseverado.

Asimismo, ha apostado por la universalidad, lo que "implica una Justicia accesible para todas y todos, comprensible en su funcionamiento y lenguaje, y protectora con las personas más vulnerables: mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia machista, con pocos recursos o menores de edad". "Es uno de los compromisos que hemos adoptado en el Programa de Gobierno, con medidas como el Plan de Justicia Juvenil", ha trasladado.

También ha abogado por la cercanía, que "tiene una relación directa" con el autogobierno vasco, "porque gestionarlo desde la proximidad ayuda a gestionarlo mejor". En su opinión, el Poder Judicial debe responder a la estructura territorial descentralizada del Estado, que "atomizada y no unitaria por definición", encarnada por todos y cada uno de los jueces y magistrados.

También ha afirmado que Euskadi necesita "garantías" para poder desarrollar en su integridad las competencias que el Estatuto de Gernika reconoce, "sin obstáculos ni bloqueos", y ha precisado que así lo demuestra lo ocurrido con los títulos universitarios extranjeros.

De esta forma, se ha referido a la anulación, por el Tribunal Supremo, del Real Decreto por el que se traspasaban a Euskadi funciones y servicios de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español.

BILATERALIDAD Y EUSKERA

Por ello, ha dicho que ven "con buenos ojos" la propuesta de reforma de la Ley del Tribunal Constitucional aprobada esta misma semana en el Congreso. "Pero también tenemos claro que el futuro nuevo Pacto de Estado debe ir más allá, estableciendo un sistema de garantías imparcial y un marco de bilateralidad", ha resaltado.

Para concluir, ha mantenido que la cercanía también "exige que se respete el euskera y los consensos alcanzados en torno a él". "La Ley del Vascuence de 1982 es muy clara, reconoce a todos los ciudadanos 'el derecho a utilizar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan, en todos los lugares, sin excepción".

"Es obligación de todos seguir avanzando en la euskaldunización de la Administración y la Justicia. Se lo debemos a los ciudadanos y la ley nos obliga", ha dicho, para apelar al "rigor y honestidad en el cumplimiento de las responsabilidades", y a la colaboración "para llegar más lejos entre todos". "Así construiremos una Justicia eficaz, ágil, digital, humana, universal y euskaldun", ha concluido.