Jueces extremeños insisten en que la huelga es un derecho fundamental, salvo que se vuelva a "tiempos pretéritos"

MÉRIDA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los jueces y magistrados de Extremadura promotores de la convocatoria de paro para el 18 de febrero han elaborado un comunicado conjunto en el que insisten en que la huelga es una "derecho fundamental" amparado por la Constitución y, por tanto, "nadie puede ser sancionado" por ejercerlo, "salvo que volvamos a tiempos pretéritos ya superados".

En el escrito, recabado por Europa Press, los jueces extremeños también muestran su "indignación" ante las "consideraciones y valoraciones" realizadas ayer en rueda de prensa por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado, quien se mostró contrario a la huelga y cuestionó la validez y legalidad de los acuerdos adoptados en la junta autonómica del 21 de noviembre.

En el comunicado de hoy, en cuyo encabezamiento figuran como firmantes del mismo los jueces y magistrados "promotores de la convocatoria", estos dicen respetar la opinión personal del presidente del TSJEx, pero señalan que harán huelga por "el mejor servicio público a la Administración de Justicia, servicio cuya valoración muy negativa en cuanto a su funcionamiento por parte de los españoles es bien conocida".

Respecto a las declaraciones realizadas ayer por Márquez de Prado, consideran los firmantes del comunicado que "como tal presidente del Tribunal Superior de Justicia no tiene mayor competencia o legitimidad para pronunciarse sobre el derecho a la huelga de jueces y magistrados que el último juez de Extremadura".

Añade el comunicado que "no es cierto" que la convocatoria del día 21 de noviembre no fuera notificada con carácter previo al presidente del TSJEx, puesto que, "en el acta de la junta celebrada el 21 de octubre en Badajoz y que, tal como es preceptivo, le fue remitida en su día, se anunciaba ya expresamente la convocatoria" del mes siguiente.

NO HAY "IMPUGNACIÓN ALGUNA" Apostilla así mismo el escrito que "no es cierto que sean inválidos los votos de los 18 jueces y magistrados que delegaron su voto", por varias razones, la primera de ellas porque "el orden del día no excluía la adopción de medidas de protesta".

La segunda razón es que, indican los jueces añadiendo un dato no conocido públicamente, "ya en las juntas del día 21 de octubre celebradas en Badajoz y Cáceres se aprobó por mayoría en el primer caso y por unanimidad en el segundo la posibilidad de ir a la huelga".

En tercer lugar, explican, "porque, en cualquier caso, legalmente cabe ampliar por unanimidad el orden del día (artículo 69 del Reglamento de los Órganos de Gobierno de los Tribunales)". Y en cuarto "porque jurídicamente el único legitimado para impugnar el sentido del voto delegado es el poderdante, es decir, el juez o magistrado representado, no un tercero, siendo lo cierto que ninguno de los 18 jueces que fueron representados ha efectuado impugnación alguna".

HORAS DE AUDIENCIA

Agrega el escrito que "no es cierto que las juntas de jueces deban celebrarse necesariamente fuera de las horas de audiencia" y "no hay precepto alguno que limite las reuniones a los domingos y festivos".

"De hecho, desde siempre se han celebrado por las mañanas, de lunes a viernes, sin que, con anterioridad a la junta del 21 de noviembre, el actual presidente del TSJ de Extremadura, durante sus casi cinco años de mandato, haya mostrado su más mínima contrariedad al respecto", subrayan.

Puntualiza el comunicado que las celebraciones de juntas de jueces "siempre se han compatibilizado con el cumplimiento estricto de las obligaciones profesionales, sin merma alguna de los derechos e intereses de los ciudadanos".

"Y sabe el presidente del TSJ de Extremadura que las reuniones gubernativas que él convoca, la Sala de Gobierno, que está integrada por jueces y magistrados, no las señala fuera de las horas de audiencia, sino que tienen lugar, habitualmente, los lunes por la mañana", apostillan los firmantes del comunicado. Concluyen haciendo hincapié en que "no es cierto que la convocatoria de huelga para el 18 de febrero de 2009 haya tenido un seguimiento residual", puesto que de los 63 jueces y magistrados en activo que, como titulares de órganos unipersonales estaban convocados a la junta-reunión del 21 de noviembre, "53 compañeros secundaron y aprobaron por unanimidad tal decisión".