CÁCERES, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez decano de Cáceres, Joaquín González Casso, ha asegurado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se está convirtiendo en el "enemigo número uno" de la Admnistración de Justicia debido a las reformas que ha emprendido en el Poder Judicial.
González ha participado este miércoles en el paro de una hora al que estaban llamados jueces, fiscales, abogados y demás trabajadores de los juzgados y que en Cáceres ha sido secundado por "el cien por cien de los jueces y fiscales" además de numerosos abogados y otros empleados públicos que han mostrado su rechazo a la política del Gobierno central en esta materia.
Así, el juez decano ha recordado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se está discutiendo en el Senado supone una "cercenación" de los derechos de los ciudadanos, en relación con la Ley de Tasas que supondrá, ha dicho, "la privación del acceso a los tribunales para personas con escasos recursos que no tengan derecho a la justicia gratuita".
González ha criticado también que la reforma pretende "convertir" en una Dirección General del Ministerio de Justicia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo que supone "uno de los mayores ataques al sistema judicial desde 1985", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación.
A las puertas del Palacio de Justicia de Cáceres se ha dado lectura a dos comunicados en defensa de la Administración de Justicia. El presidente del Colegio de Abogados de Cáceres, Carmelo Cascón, ha leído un escrito consensuado por asociaciones profesionales de jueces, fiscales y el Consejo General de la Abogacía.
En el texto se recuerda la "gravedad de la situación" y se pide una "rectificación" de la gestión actual así como la apertura de un "diálogo constructivo" entre los colectivos implicados y el Gobierno central ya que consideran que "los recortes en el presupuesto para 2013 van en la dirección contraria a lo que requieren las necesidades reales".
Asimismo, la protesta ha sido apoyada por los sindicatos CCOO, CSI-F, UGT y STAJ, cuya portavoz y responsable de Justicia de CSI-F en Extremadura, Cristina Blázquez, ha leído otro comunicado contra la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recoge la "privatización" de los registros civiles o la posibilidad de "trasladar" a los funcionarios a otras localidades, entre otras medidas.
Cabe recordar que en la provincia de Cáceres trabajan habitualmente unos 25 jueces, 19 fiscales y unos 600 abogados colegiados, que en su mayoría han secundado el paro de una hora convocado a nivel nacional en todos los centros de trabajo de la Administración de Justicia.