La Junta aprueba la ayuda a afectados del transporte escolar y recurre el auto que no concede medidas cautelares

   MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Extremadura recurrirá el auto de un juzgado de Mérida que ha rechazado la solicitud de medidas cautelares de la Administración regional para obligar a varias empresas de transporte escolar a reanudar sus servicios en algunas rutas, dentro de la denuncia interpuesta penalmente por incumplir supuestamente un acuerdo marco suscrito con el sector en 2024.

   De este modo lo ha avanzado la portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano, en una rueda de prensa después de que el Consejo de Gobierno de la Junta este martes ha aprobado también una ayuda de 0,26 euros por kilómetro a las familias de alumnos afectados por la no prestación del servicio de rutas escolares que sufre la comunidad, y para intentar con ello compensar el gasto de llevar a sus hijos a los centros educativos mediante otros medios.

   Estas ayudas, que serán de concesión directa y estarán operativas hasta que se restablezca la total prestación de las rutas de transporte en la comunidad, tendrán en cuenta dos recorridos por día lectivo (uno de ida y otro de vuelta entre el domicilio familiar y el centro educativo en el que se encuentran matriculados).

   Con ello, para las familias afectadas, desde el 11 de septiembre y hasta el día 19 el único requisito para obtener esta ayuda es ser beneficiario del transporte escolar. Mientras, a partir del día 22 de septiembre se comprobará de oficio que se ha asistido al centro educativo, ha explicado la portavoz de la Junta.

   Durante su comparecencia ante los medios, Elena Manzano ha defendido la actuación del Gobierno autonómico en la situación actual del transporte escolar, toda vez que en las negociaciones abiertas con el sector para intentar acabar "ya" con el conflicto la Junta "ha aceptado todas y cada una de las peticiones que en el marco de la ley han sido planteadas por las empresas para que fueran cubiertas las rutas de transporte escolar afectadas".

   En todo caso, tras apuntar que "cada exigencia aceptada venía acompañada de una exigencia posterior", ha remarcado que las empresas han llegado incluso a plantearles a la Junta "exigencias de imposible cumplimiento", entre ellas --ha explicado-- que se les quitase rutas a empresas que habían licitado y a las que se les había adjudicado las mismas.

   "Llegan hasta el punto de considerar esas rutas como suyas y que debemos quitárselas a aquellas empresas que legítimamente las han obtenido para que se las demos a ellos, a ellos que no han licitado", ha apuntado la portavoz de la Junta, quien ha añadido que ante esta situación la Consejería de Educación "ha intentado todo", e incluso ha acudido a otras empresas de España para que presten el servicio.

   "Se ha aceptado todas y cada una de las pretensiones que querían siempre aquellas que estaban dentro de la legalidad vigente. Alto y claro, esto no es un problema de dinero. Esto no es una cuestión económica", ha insistido Elena Manzano, quien ha diferenciado entre "responsabilidad" y "culpabilidad" en este asunto.

   "Nosotros no somos culpables de esta situación... Hemos aceptado todas y cada una de las pretensiones que, dentro del marco de la legalidad vigente, han pretendido estas empresas. Lo que no podemos hacer es incumplir la ley, es incumplir los procesos", ha insistido.

   En todo caso, ha subrayado que la Junta va a seguir defendiendo "siempre" el derecho a la educación y la prestación de un servicio "esencial", utilizando para ello "todas las herramientas judiciales y administrativas" posibles.

   (((Más información en Europa Press)))