Junta e Interior firman un convenio por el que se reducirá hasta en un 50% las salidas de presos a centros hospitalarios

MÉRIDA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias firmaron hoy un convenio por el que médicos especialistas de la región se desplazarán a los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz para atender a los internos, con lo que se podría reducir hasta en 50% la salida de los presos que necesitasen atención sanitaria.

En la firma del convenio participaron el consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, quien destacó, en la rueda de prensa posterior a la firma, que el convenio firmado con el Ejecutivo extremeño es el "más integral y completo" de los firmados con otras regiones.

Gallizo mostró su satisfacción por lo beneficios que dicho convenio reportará a muchas de las partes implicadas pues permitirá que se reduzca el numero de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado destinados a la custodia de los internos en sus desplazamientos a centros hospitalarios, a la vez que se mejora la asistencia sanitaria de los reclusos.

Este convenio recoge actuaciones en las áreas de Salud Pública , formación a los profesionales de la salud, diagnóstico de laboratorio, consultas de especialistas, telemedicina, especialidad en la que según Gallizo, Extremadura es "referente y vanguardia"; intervención de drogodependencias o prestación farmacéutica, entre otras.

Según datos aportados por Gallizo, en 2006 se produjeron un total de 1.427 salidas de internos por motivos sanitarios, de las que 824 lo fueron del centro de Badajoz y 603 del de Cáceres, y gracias a este convenio se podrían eliminar al menos el 50%.

Por su parte, el consejero de Sanidad y Consumo, Guillermo Fernández Vara, consideró la firma de este convenio como una consecuencia más de la "normal funcionamiento y cooperación" entre instituciones públicas y recordó la "universalidad sin limitaciones" del derecho a la protección de la salud.

Según explicó el responsable sanitario, en el área de salud pública el compromiso alcanzado por ambas partes se sustentará en el seguimiento del calendario vacunal de los internos y su suministro y en el ámbito de formación se regulará que los profesionales que desempeñan su labora en los centros penitenciarios puedan participan en los programas formativos que la Consejería de Sanidad tiene.

Por su parte, en el área de laboratorio, gracias a este convenio se persigue convertir sus enfermerías en un punto de atención especializado, y se habla, según indicó el consejeros, de dotar al centro penitenciario de Cáceres de una cartera de servicios que contaría con servicios de psiquiatría, odontología, medicina interna y traumatología, mientras que la cartera de Badajoz estaría compuesta por psiquiatría, odontología, medina interna, traumatología y un técnico de radiodiagnóstico.

Vara también habló de los beneficios de la telemedicina, sistema que se implantará en los centros de Cáceres y Badajoz, y que permitirá la realización de consultas de otras especialidades a distancia mediante un sistema de telecomunicaciones, siendo la región extremeña la primera comunidad en implantar este sistema en sus centro penitenciarios.

"Con este sistema viaja la información, y no los enfermos o los profesionales", indicó el consejero.

Hasta el momento, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha suscrito convenios, además de con la Consejería de Sanidad de Extremadura, con las Consejerías de Sanidad de Aragón y Asturias, y con el Consorcio del Hospital General Universitario de Valencia, comunidades en las que los especialistas de medicina interna, digestivo, traumatología, ginecología, psiquiatría, cirugía general, fisioterapia y radiología se desplazan ya a los centros penitenciarios para atender a los pacientes privados de libertad.

Además de los desplazamientos de médicos especialistas, se están efectuando protocolos conjuntos para establecer los tipos de patologías y los criterios de derivación de los pacientes desde los centros penitenciarios a las consultas de los hospitales públicos de referencia y se gestionan las consultas en horarios accesibles para los internos. De esta forma se evitan molestias para el resto de usuarios de la red sanitaria pública.

El objetivo de estos convenios, firmados al amparo de a Ley General de Sanidad, es acercar la asistencia sanitaria a los internos en condiciones de igualdad efectiva y mejorar la seguridad en el ejercicio de su derecho a la salud.