MÉRIDA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP de Extremadura ha mostrado su confianza en que "será la justicia la que pondrá en su sitio" a los causantes de la "escandalosa y torticera opacidad" con la que se ha actuado en la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX).
De esta forma se ha mostrado el PP de Extremadura, en nota de prensa, tras conocer los resultados de la auditoria realizada a GPEX correspondiente al año 2010, y que ha hecho públicos el consejero de Administración Pública del Gobierno de Extremadura, Pedro Nevado-Batalla, quien además ha señalado que el Consejo de Gobierno decidirá este viernes si pone esta información en manos de la Fiscalía.
El PP ha alabado esta posibilidad, con el objetivo de que la Fiscalía depure "todas y cada una de las responsabilidades" que pudieran derivarse de este asunto.
"Se acabaron los tiempos en que Extremadura era un cortijo en el que el amiguismo y la componenda eran lo habitual", ha destacado el PP, quien ha defendido que el actual Gobierno Extremeño "ha venido a poner orden en el caos y en la vergüenza" que ha rodeado a este ente público "creado en pos de la eficacia de la administración, pero reducido por el PSOE a un predio para el favoritismo".
EXPLICACIONES DE VARA
En este sentido, el PP extremeño ha invitado al secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, a "tener una charla seria con su conciencia" para dar a los ciudadanos una "explicación convincente y coherente" que les "ayude a comprender a todos dónde estaba el presidente de la Junta mientras los suyos hacían y deshacían a su antojo con el dinero de los extremeños".
Esta respuesta "nos la puede dar durante este fin de semana si lo estima oportuno", ha explicado el PP, quien ha insistido en que Vara debe explicar "a qué se dedicaba", ya que cuestiones como la "falta de rigor y de decencia" en los gastos, el alquiler de inmuebles que "nunca llegaron a ocuparse" o la contratación de personal "saltándose a la torera todos y cada uno de los principios elementales", requieren "una explicación seria".
"No nos vale que ahora salgan los socialistas a hablar de venganza por parte del actual Gobierno del Partido Popular, porque hasta ahora esa ha sido la excusa recurrente del PSOE para no dar la cara por la herencia catastrófica que han dejado", ha aseverado el PP.
"AVISO A NAVEGANTES"
Finalmente, ha considerado que el hecho de que el Juzgado de lo Social Número 4 de Badajoz haya desestimado la demanda presentada por el ex director general de GPEX, Jaime Ruiz Peña, "puede ser un aviso a navegantes", en referencia a la anterior cúpula directiva de Feval.
Según ha recordado el PP, tras ser cesado de su cargo, Ruiz Peña interpuso una demanda contra la Sociedad de Gestión alegando que su despido era "nulo e improcedente" y solicitando su reincorporación en GPEX como técnico o una indemnización de casi 92.000 euros.
"La justicia ha sido clara y ha dicho que su cese cumple con la normativa vigente y que no se puede incorporar a la plaza de técnico que demandaba, porque esa plaza no existía antes de su nombramiento", ha señalado el PP, quien ha apuntado que los ex directivos de Feval, "que también están reclamando cuantiosas indemnizaciones, deberían verse reflejados en el espejo de lo que la justicia ha dictaminado en el caso del señor Ruiz Peña".
NUEVOS TIEMPOS PARA GPEX
Finalmente, el PP extremeño ha lamentado que con este "nuevo escándalo", la comunidad autónoma "vuelve a estar vinculada a la palabra corrupción" y "vuelve a estar en el candelero de los grandes despilfarros asociados al PSOE".
En este sentido, se muestran "seguros" de que la "austeridad, eficiencia y transparencia" con la que "están actuando" los actuales gestores, servirá para "devolver" a la sociedad gestora su "sentido primigenio", que "no era otro que el de aportar eficiencia" a la administración.
Finalmente, el PP ha asegurado que "estos son nuevos tiempos para GPEX", y ponen de manifiesto que la "prueba de que así es" está en las "diferencias abismales" de actuar en cuanto a contratación de personal, optimización en el gasto de inmuebles o en el sueldo de los directivos, "quienes ya no cobran en ningún caso más que el presidente del Gobierno".
