El PSOE pregunta a Guardiola sobre la denuncia a Quintana y critica esta forma de "desviar la atención"

   MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El PSOE de Extremadura ha preguntado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, su opinión ante la denuncia por la vía penal al delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, por la llegada de menores no acompañados, y por esta forma de "desviar la atención envuelta en un discurso fascista, racista y deshumanizado ante un problema que esta comunidad no tiene".

   Sobre esto último, ha expuesto que les "consta" que el sistema "funciona" y que las pruebas de edad existen en el ordenamiento jurídico español "desde hace años", a la par que ha explicado que cuando los migrantes son mayores de edad se hace cargo el Estado y cuando son menores hace lo propio la Junta de Extremadura, algo que para el PSOE "no es solo una obligación legal, sino que es además una obligación moral".

   De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura en la rueda de prensa de cada lunes desde la sede regional del partido en la que ha resaltado que, en segundo lugar, puede ocurrir que, "en ocasiones", el propio migrante diga que es menor de edad sin serlo y que es "ahí es donde actúa la Fiscalía".

    "Esto lleva ocurriendo años en esta región sin que haya habido ningún problema. Aquí no ha cambiado nada", salvo que Guardiola ha pasado del verde, blanco y negro de la bandera extremeña a quedarse "solo" con el verde de Vox.

   Así, lo "único" que ha cambiado ha sido el discurso de Guardiola que, de "no querer hacer", según sus palabras, "un mercadeo moral y emocional con los menores", "ha pasado a alimentar este discurso de odio fascista y racista que pretende convertir a los menores migrantes en un problema político; centrando el debate en el control, en la sospecha y en el fraude".

   Y es que, para los socialistas extremeños, ante el "caos" en la sanidad y en la educación públicas o los problemas de vivienda la respuesta de la Junta a todo lo que está ocurriendo en la región ha sido denunciar a Quintana, algo que ve una forma de "desviar la atención ante los problemas que tiene esta región" y que no es un anuncio de un partido político sino del Ejecutivo autonómico, tras el realizado la pasada semana por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández.

   En concreto, Fernández expuso que la Junta, a través de sus servicios jurídicos o de gabinetes externos "si fuera necesario", adoptará medidas judiciales para reclamar "responsabilidades penales" al delegado del Gobierno en Extremadura por "cada una" de las llegadas de menores extranjeros no acompañados ordenada por el Ejecutivo central y que la comunidad está asumiendo de forma "no voluntaria", lo que está llevando "al límite" al sistema de acogida de menores en la región.

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