Foto: SUSANA SAUCEDA
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MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, ha cifrado en 101 millones de euros el ahorro realizado durante el conjunto de la legislatura con las medidas impulsadas para la reestructuración del sector público regional, y que ha supuesto una mejora en la "eficiencia" de los servicios que no han sufrido, ha señalado, ninguna merma en su calidad.
Clemente Checa ha defendido que esta reorganización nació de una "doble necesidad", como es hacer frente a la merma de los ingresos provocada por la crisis económica; y por otro lado para "ganar en eficiencia y transparencia", de tal forma que ello "no supusiera ni merma o decremento en la prestación de servicios públicos fundamentales".
En una intervención ante el Pleno del Parlamento regional a petición propia, el consejero extremeño ha detallado las medidas adoptadas en esta legislatura que han permitido un ahorro de 101 millones de euros que han podido ser "canalizados" hacia la puesta en marcha y el mantenimiento de "prestaciones sociales".
El responsable de la cartera de Administración Pública ha agrupado las medidas adoptadas en diferentes bloques. El primero de ellos referido a la reducción de los entes públicos. Así, ha recordado que las recomendaciones en este sentido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera establecían que se suprimieran 12, si bien finalmente esta cifra se ha elevado a los 17, a los que hay que sumar otros 4 que se encuentra "en proceso de fusión o eliminación".
Checa ha preferido no entrar con detalle a definir los entes públicos que se han visto afectados por este proceso, si bien ha emplazado a una próxima comparecencia en el Parlamento en la que se abordará con más detalle esta cuestión.
Lo que sí ha señalado el consejero extremeño es que las tareas que se venía realizando por estos entes públicos han sido asumidas por los empleados públicos, los cuáles ha indicado que están "plenamente capacitados y formados" y que las vienen realizando "a plena satisfacción", por lo cual ha agradecido el esfuerzo.
Sobre este punto, el diputado socialista Alfredo Escribano ha reprochado que estas palabras de agradecimiento no se traduzcan en un "reconocimiento social". Ante ello, Checa ha asegurado en el turno de réplica que la futura Ley de Función Pública, contempla este reconocimiento mediante el desarrollo de la carrera profesional, así como con la implantación de complementos que ahora podrá permitirse la Administración gracias a la mejora de la situación económica.
En todo caso, el mandatario extremeño ha elevado hasta los 32 millones de euros el ahorro estimado en este proceso de reorganización de los entes públicos, mientras que el ministerio de Hacienda cifra este ahorro en 11,3 millones, si bien en este caso se tiene en cuenta, según Checa, solo la supresión de los 12 entes aconsejados al inicio de la legislatura.
MENOS ALTOS CARGOS
En cuanto a los altos cargos y cargos públicos, Checa ha recordado que el número de consejerías del Gobierno regional pasó de 11 a 7, así como otras medidas como la reducción del 5 por ciento de los salarios de todos los empleados públicos o la supresión de algunos complementos como el denomindado "Super 30", que fijaba un complemento "de por vida" a los empleados públicos cuando abandonaban un cargo público o la creación de un puesto en la administración para los ex altos cargos acordes a su "nivel", lo que ha supuesto un ahorro de 5 millones.
Por otro lado, ha cifrado el ahorro en alquileres en un 60 por ciento, lo que supone 1,7 millones al año, a lo que hay que sumar otros 3,7 millones anuales por la implantación de programas de eficiencia energética en los nuevos espacios.
También se ha ahorrado con la reducción del parque móvil de la administración regional, donde se han suprimido las vehículos para altos cargos, excepto para los miembros del Consejo de Gobierno. Asimismo, se han vendido 220 coches que "no tenían utilidad", que ha supuesto unos ingresos de 190.000 euros, y se han centralizado los seguros y el gasto en carburante, lo que implica un ahorro de 500.000 euros anuales.
La compra centralizada también se ha extendido a los suministros del Sistema Extremeño de Salud, lo que ha permitido ahorrar 19 millones, mientras que el nuevo contrato de telecomunicación ha adelgazado la factura en este concepto en 12,8 millones de euros, y la venta de patrimonio ha supuesto unos ingresos de 2,7 millones de euros.
PEOR SERVICIO Y PLANTILLA "SOBRECARGADA"
Por su parte, Escribano ha criticado que las medidas de racionalización se hayan traducido en recortes de personal y que, asimismo no haya supuesto un beneficio para los ciudadanos en el sentido de que la "contrapartida" no haya ido a parar "al otro lado del saco" para que "la gente que tiene dificultades salga adelante".
Al respecto ha señalado que de 2011 a 2014 los empleados públicos han pasado de 7.357 a 6.943, lo que supone una reducción del 5,63 por ciento. Asimismo, ha apuntado que el personal laboral ha pasado de 11.617 a 10.343 (-10,96%).
Con todo, el diputado socialista considera que se ha producido un "descenso notable del servicio público, y que se ha sobrecargado física y emocionalmente a los empleados públicos".
En cuanto GPEx, ha señalado que su plantilla ha disminuido un 22,73 por ciento, al pasar de 1.056 a 816 a finales de 2014, al tiempo que ha apuntado que el salario de los empleados con titulación superior de la administración se ha reducido un 18,27 por ciento.
En su opinión, la racionalización del sector público debe servir para "atender otras parcelas", y en este sentido se ha preguntado dónde está el ahorro en el aumento de la jornada laboral, ya que ello implica más costes en iluminación, calefacción o comunicaciones.
Asimismo, este incremento de la jornada también ha supuesto, ha señalado, un retroceso en la conciliación familiar, ya que "con más horario, con el mismo salario, no se puede conciliar".
JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES
El portavoz de IU, Pedro Escobar, ha señalado que el consejero extremeño en su comparecencia ha tratado de "justificar" los programas de "ajuste y austeridad" impuestas por el Gobierno central "bajo el paraguas" del cumplimiento del objetivo de reducción del déficit.
Escobar ha señalado que esperaba que la comparecencia se hubiera realizado en una comisión parlamentaria, para que no tuviera el "corsé" de los tiempos de intervención, y en este sentido ha dicho que esperaba una descripción más detallada de las medidas adoptadas, así como de los resultados arrojados por las empresas públicas, como Avante.
PREX CREX
El portavoz de PREX CREX, Damián Beneyto, ha defendido que las medidas la reordenación deben suponer además de un ahorro un mantenimiento e incluso "mejorar los servicios" prestados.
Asimismo, y a tenor de los datos aportados por Checa respecto a la asunción de tareas por parte de los funcionarios que antes prestaban los entes públicos suprimidos, se ha preguntado si, o bien antes "sobraban los funcionarios", o si "sobraban los entes públicos".
APOYO DEL PP AL CONTROL EN EL GASTO
Finalmente, la diputada del Grupo Popular Beatriz Villalba ha defendido las medidas de control en el gasto impulsadas por el Ejecutivo regional y ha recordado que el programa del anterior presidente, Guillermo Fernández Vara, para reducir el gasto en la administración pasaba por "apagar la luz al salir", leer los periódicos por internet, alojarse en hoteles de 3 estrellas, y suprimir la compra de agendas "elegantes" o los "vinos de honor" en los actos públicos.
Villalba ha destacado que Vara planteó este "plan" en 2008 en una reunión con sus altos cargos en el Palacio de Congresos en Mérida, porque "no cabían en otro lado", según Villalba, mientras que con el actual Gobierno del PP ese encuentro se podría celebrar en el hemiciclo del Parlamento extremeño.
