La Xunta prevé aumentar un 35% el acogimiento familiar de menores hasta 2010 y reducir un tercio la reclusión en centros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia aspira a invertir la tendencia actual de tratamiento de menores y reducir el "abuso" del internamiento en centros de acogida mediante un incremento del acogimiento familiar, ya sea en el núcleo propio o en uno ajeno, que crecerá un 35 por ciento en los tres próximos años.

Se trata de una de las principales apuestas del Plan Estratégico Gallego de Infancia y de Adolescencia 2007-2010 elaborado por la Vicepresidencia da Igualdade, presentado por el titular del departamento, Anxo Quintana, quien anunció que, paralelamente, se producirá una reducción de un tercio del número de menores acogidos en instituciones.

De igual modo, Quintana avanzó que el acogimiento en los centros de día aumentará un 46 por ciento, al pasar de 298 a 432 plazas; por las 1.415 que habrá en acogimiento familiar en 2010, casi 400 más que las 1.049 actuales. Por contra, las de internamiento se reducirán de 876 a 596.

El vicepresidente autonómico explicó que la protección de los menores constituye uno de los tres baluartes del programa plurianual que, junto con la prevención y la reeducación, aspira a consolidarse "no como un plan del Gobierno, sino de toda la sociedad, porque es una cuestión de Estado".

Así, la previsión presupuestaria para el próximo trienio asciende a 47,9 millones, de los que parte se destinarán a afianzar un sistema de prevención primaria integral para "actuar sobre las causas de los problemas", en lugar de atacar las consecuencias. "O nos anticipamos o no seremos capaces de paliar las desigualdades", advirtió.

PROGRAMA PILOTO

Para ello, el departamento autonómico prevé la puesta en marcha de un programa piloto que se desarrollará en 60 municipios de las cuatro provincias, que se implementará con la ayuda social de la Atención Primaria y desarrollará campañas de sensibilización, iniciativas para "reaprender" el cuidado de los niños y una posterior intervención.

En este sentido, Quintana apeló a la "necesaria e imprescindible colaboración institucional", puesto que "no es el plan de menores de Vicepresidencia, sino un programa del Gobierno en su conjunto" que precisa de la implicación de ayuntamientos, justicia y fuerzas de seguridad.

Al respecto, todos los agentes con vinculación participarán en un organismo que se creará en materia de prevención, la Mesa Gallega de Protección a la Infancia, cuyo objetivo es "garantizar que el proyecto es de todos".

REEDUCACIÓN

En cuanto a la reeducación, los retos que se ha marcado la Vicepresidencia pasan por evitar la judicialización de los menores, potenciando para ello la mediación y la reparación extrajudicial; por mejorar la calidad de la anteción y por la adecuada formación de los profesionales. "No se trata de abrir instituciones cerradas para guardar a los niños", subrayó Quintana.

En esta línea, el vicepresidente admitió que será necesario un "esfuerzo importante" en equipamientos y presupuesto, puesto que las medidas afectarán "de forma directa" a una población superior a las 400.000 personas, que "por primera vez van a ver a un Gobierno que se anticipa a los problemas como único modo real de solucionarlos".

Así, actualmente son 876 los menores en centros de protección y 649 los que se encuentran ejecutando medidas judiciales, tanto en régimen medio abierto como en la modalidad de internamiento. Además, unos 1.600 están tutelados, 1.049 bajo acogimiento familiar.

REFORMULACIÓN DE BASE

Por su parte, la secretaria xeral de Benestar, María Xesús Lago, reivindicó la "reformulación de base" promovida por Vicepresidencia para "cambiar el modelo" heredado de la Administración anterior, a la que reprobó que no hubiese promovido una planificación de plazos o una adecuada gestión de gastos, pese a que en la comunidad haya un 10 por ciento más de tutelas y un 21 por ciento más de acogimiento.

De igual modo, Lago lamentó que la "mezcla" entre la protección y la reeducación, "dos regímenes totalmente diferentes", así como la "amplia gama de centros concertados no idóneos", la falta de inspección, la mala distribución de los recursos o las carencias en materia de personal.

"La herencia no era la más favorable para un cambio rápido", aseveró, tras lo que declaró que uno de los objetivos del plan era "evitar el carácter caritativo y la atención estimatizada por la que los servicios sociales eran para pobres".

Así, explicó que los "principios rectores" de la programación para los próximos tres años se basan en la prevalencia del interés supremo del menor, la intervención mínima, la eliminación de discriminación, medidas preventivas globales y la flexibilización de los servicios.

Según ella, tras año y medio de trabajo se ha logrado separar la protección de la reeducación, existen protocolos de actuación y coordinación con la policía autonómica, se ha instaurado la figura del coordinador de menores, se han revisado y aumentado las ayudas y se ha mejorado la relación con los centros.