Agro.- La CIG acusa a Medio Rural de usar centros comarcales como "coladeros" para intruducir personal "de su confianza"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) acusó hoy a la Consellería de Medio Rural de convertir las nuevas contrataciones para personal administrativo en los centros comarcales en "coladeros" para introducir personal "de su confianza".

Así lo denunció en rueda del prensa el secretario nacional de la Federación de Servizos de la CIG, Paulo Rubido, quien anunció acciones legales contra esta consellería por "despido improcedente" de once trabajadores con funciones administrativas básicas de los centros comarcales de O Deza, Salnés, Ulloa, O Carballiño, O Ribeiro y Celanova.

Estos trabajadores ejercía esta labor a través de una contrata del anterior Gobierno con Ferroser SL. No obstante, con el cambio de ejecutivo, la nueva consellería que dirige Alfredo Suárez Canal renovó la licitación de la contrata a la empresa de Ordes Cristín SL, lo que ha provocado el despido de estos 11 trabajadores.

La CIG censuró este hecho, ya que advirtió de que estos trabajadores no eran técnicos ni realizaban una función política y se limitaban a funciones administrativas básicas, por lo que dio por hecho que con el cambio de Gobierno la nueva consellería optaría por su "regularización" de un "modo sencillo".

Así, el sindicato nacionalista consideró que Medio Rural debió asumir como propias las funciones que realizaban empresas exteriores y convocar un concurso público en el que a estos trabajadores se les reconocería con puntos la labor realizada hasta el momento, "lo que supondría una regularización justa y razonable".

"Por desgracia y lamentablemente, Medio Rural no optó por esta vía, sino por el atajo y reprodujo el modelo anterior", recriminó Paulo Rubido en referencia de que la consellería de Alfredo Suárez Canal optó por otra subcontrata para cubrir estas funciones .

Asimismo, censuró que fue un paso "más allá" que la anterior Administración al no reconocer el derecho de "subrogación" a estos trabajadores en las plicas del contratación y se reserva la última decisión en la selección del personal que realice la empresa privada.

"Esto es enormemente grave y no es la vía que pretende abrirse con la Lei de Transparencia", advirtió Paulo Rubido, quien consideró "escandaloso" estos dos hechos que justificó por el interés de Medio Rural y el BNG de "meter en estos centro personas de su confianza".

"ENTRADA POR LA PUERTA DE ATRAS"

"Se trata de una entrada por la puerta de atrás de la Administración y dijimos que no al anterior Gobierno y diremos ahora que no a éste", anunció la CIG, quien adelantó que impugnará las plicas de las condiciones de contrato por su "dudosa legalidad".

Asimismo, también anunció acciones legales por despido "improcedente" de esos 11 trabajadores, al tiempo que advirtieron de la posibilidad de sufrir el mismo proceso los de Valdeorras, Trives, Paradanta, Terra de Caldelas y A Mariña.