El BNG denuncia "negligencias graves" en la selección de los brigadistas de extinción para los ayuntamientos

OURENSE, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha denunciado "negligencias graves" en el proceso de selección de brigadistas de extinción forestal que este año tendrán los ayuntamientos gallegos, cuyo coste será asumido en un 75 por ciento por la Xunta y el resto por las entidades locales, lo que supondrá "una discriminación con el rural" pues los que más necesitan esos grupos de prevención y extinción son precisamente los ayuntamientos con más dificultades.

La parlamentaria Tereixa Paz y el concejal de A Merca Manuel Outomuro, que fue secretario de la delegación de Medio Rural en Ourense durante el gobierno bipartito, explicaron en rueda de prensa lo que calificaron como "negligencias graves" E "irregularidades administrativas" por parte de los tribunales que seleccionan a los cuatro peones y un capataz que trabajarán para los ayuntamientos en la extinción forestal.

"En la comarca de Celanova, sólo seis ayuntamientos decidieron acogerse al convenio tipo elaborado por la Xunta que vuelve a poner en activo a este tipo de brigadas y en las pruebas de selección, la práctica que implica manejo de maquinaria acabó siendo una prueba de extinción con manguera", detalló.

Aludió también a la prueba física en la que los candidatos deben demostrar que pueden recorrer un mil metros con una mochila de 16 kilogramos en ocho minutos "y en vista de que hacía calor y los chavales parecían sufrir, decidieron dejarla en un recorrido de 250 metros en 3 minutos", agregó.

PRUEBA HOMOLOGADA

Según Outomuro, la prueba física está homologada y el tribunal no tiene capacidad técnica para "desvirtuarla así", y no haciéndola tal como es preceptivo "pone en riesgo real la vida de los integrantes de las brigadas y de sus compañeros pues por desgracia, su trabajo no se hace en oficinas con aire acondicionado y precisamente deben demostrar que responden en las circunstancias difíciles propias de su trabajo", añadió.

Además, aludió a otras irregularidades como la ausencia de publicidad, concurrencia de méritos pues "hay casos para todo", dijo para relatar el del un ayuntamiento que publicó la convocatoria para formar parte de las brigadas en el periódico de menos tirada de la provincia, o la ausencia total de publicación en la página de Internet de cada ayuntamiento o la "inexistencia de un órgano al que se pueda recurrir el procedimiento o los plazos establecidos", añadió.

Tampoco se cumplió, según Outomuro, la normativa sobre el porcentaje de puntos que se dan por la experiencia previa en la extinción y por la entrevista personal.

"Está claro que se busca contratar de la forma más discrecional posible pero dando una careta de legalidad a lo que se hace y contratar a los que quieren sin tener en cuenta lo que se necesita".

Outomuro atribuyó al "clientelismo político" estas actuaciones de alcaldes y tribunales con consencuencias como "discriminación de los propios trabajadores pues la parte salarial que debe pagarles el ayuntamiento no llega al 25 por ciento sino que se queda en menos y cobran 200 euros menos que sus colegas de las brigadas contratadas por Seaga", añadió.

SIN AVIONETAS NI BRIGADAS

Por su parte, Paz aludió al estado actual de los cuerpos de extinción forestal en Galicia y dijo que de los 5.708 trabajadores que la Xunta dijo que habría, aún están pendientes de contrato más de 2.600, además de que la provincia de Ourense cuenta con una base menos de helicópteros (la de O Barco), otra que retrasará su puesta en funcionamiento hasta agosto (la de San Xoán de Río) y avionetas de carga en tierra cuya licitación se puso en marcha hace dos semanas.

Según ha manifestado Paz, la extinción de los fuegos en la actualidad corre a cargo de las brigadas de trabajadores fijos y fijos discontinuos de la Xunta, mientras que sólo una parte de los demás se pondrá en marcha a finales de julio y principios de agosto, y habrá medios de extinción que podrían no estar activos hasta octubre, siguiendo los procedimientos regulados para su contratación.

"Además los nuevos grupos de emergencias tienen su activación paralizada por un recurso interpuesto contra las bases de contratación y no se resolverá hasta mediados de agosto", añadió.

Según la parlamentaria, esta situación de "absoluta improvisación" unida a "continuos cambios en la configuración del dispositivo de extinción" traen como consecuencias la "falta de coordinación", la "falta de estabilidad", la falta de profesionalización y son "negligencias que ponen en peligro a las personas y propiedades del rural".