El fiscal de Medio Ambiente carece de datos sobre tramas y dice que puede haberlas "pequeñas", relacionadas con "pequeñas organizaciones"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Álvaro García Ortiz, abogó hoy por incrementar el límite de las penas en los delitos de incendios forestales con el objetivo de "anticipar el umbral de ingreso en prisión".
En su comparecencia en la comisión de estudio de los incendios, García Ortiz informó de que la Fiscalía se encuentra en proceso de redacción de propuestas para "paliar" la profusión de fuegos, entre las que se encuentra la posibilidad de incrementar el mínimo de las penas.
El fiscal admitió que este planteamiento "no parece importante", pero añadió que cobra "relevancia" por su objetivo de anticipar el supuesto de cárcel en los casos relacionados con el fuego en los montes gallegos.
De igual modo, avanzó que otro de los planteamientos que baraja la Fiscalía es que la incriminación de los conatos de incendio deje de depender del "hecho objetivo" de si finalmente se produjo el foco y dependa de la peligrosidad virtual.
IMPRUDENCIAS
A mayores, se han evaluado las imprudencias, a su juicio, "uno de los temas en los que penalmente se puede incidir más", si bien requiere de una modificación que permita dirigirlas directamente por vía penal, dada la "ineficacia" de la administrativa.
Así, explicó que, hasta ahora, las multas y sanciones "no han surtido efecto" y, puesto que el Derecho Penal exigía imprudencia grave para la comisión de los incendios, abogó por "anticiparlo" ante la "total ineficacia de la figura administrativa". "Además, la tipología de imprudencia tiene el mismo tratamiento en el Código Penal y no es lo mismo un incendio por una quema autorizada que por un ferrocarril", aseveró.
CAUSAS
Asimismo, García Ortiz aludió a las causas estructurales y, tras advertir de que se trata de "un problema pluricausal", añadió que Galicia tiene un "muy serio problema" con la ordenación territorial que, "se ve en todas partes: en la costa, con las lluvias o en las infraestructuras", y que, según subrayó, "se traslada ineludiblemente a los incendios".
En este sentido, consideró que consecuencias de la falta de regulación urbanística, como el abandono rural, suponen una "bomba de relojería para arder", al igual que el desorden de viviendas, las tierras semiabandonadas o los problemas de los montes en mancomún.
"Es un diagnóstico que plantea seriedad", aseveró, tras lo que proclamó que "nadie niega que puedan venir años más duros" meteorológicamente y la posibilidad de que el "abandono y el desorden estructural den más sustos" como el de la ola del pasado mes de agosto.
Además, advirtió de que la ordenación territorial ha llevado a que "los incendios forestales dejen de ser forestales y lleguen a ser urbanos", puesto que el fuego cerca las casas, y añadió que "cualquier ordenación afecta a los incendios".
TRAMAS
En cuanto a la supuesta existencia de tramas en la última campaña, García Ortiz manifestó que su opinión "depende de cómo se haga la pregunta". "Si me dicen si hay trama, con arreglo a los datos no puedo afirmarlo y si me dicen si no la hubo, tampoco puedo decir que no la hubiera", declaró.
Así, aseguró que "hay datos oscuros" y añadió que, "lo que es seguro, es que hay pequeñas tramas" relacionadas con "organizaciones" de menor tamaño, entre los que aludió a las del ganado mostrenco, los cazadores o la madera y el urbanismo, si bien en ambos casos recalcó que "cada vez es menor".
A mayores, declaró que la Fiscalía "cree tener detectada la problemática por la que se producen los incendios", pero añadió que hacen falta pruebas". Con todo, aseveró que las zonas consideradas "de especial riesgo y los incendios van de la mano" aunque, en cualquier caso, incidió en que "es muy difícil conseguir pruebas de delito".
El fiscal de Medio Ambiente recordó que "no hay evidencias físicas ni huellas dactilares", de modo que toda diligencia responde a "testimonios que, además, se degradan con el tiempo". "Es un terreno precario y poco claro, a partir de esas pruebas argumentales, formular una acusación, es un trabajo difícil que requiere hilar con esas circunstancias", explicó.
DATOS
En este sentido, lamentó la "poca exactitud" de las estadísticas de incendios, puesto que se analizan "con demasiada alegría", al igual que los criterios sobre causalidad cuando "no hay ningún estudio creíble sobre 10.000 o 12.000 incendios que se pueden producir en un año.
Así, aunque las Brigadas de Investigación Forestal sitúan en un 64 por ciento los intencionados, el porcentaje "no vale", puesto que los ámbitos de los que surgen "no son extrapolables". Como muestra, informó de que, de los 1.265 atestados de los 12.000 incendios de 2005, sólo se tramitaron 600, únicamente 200 están en vigor y las sentencias se situarán en torno a 20 o 25 en total.
