Rural.- El Gobierno central actualiza las normas de la condicionalidad en los pagos de la PAC

Actualizado: viernes, 3 abril 2009 19:37

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se establecen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos en el marco de la Política Agraria Común (PAC) y determinadas ayudas de desarrollo rural, y los agricultores que reciban ayudas en virtud de los programas de apoyo a la reestructuración y reconversión y a la prima por arranque del viñedo.

De este modo, se incorporan las modificaciones añadidas a las normas de la Unión Europea sobre la condicionalidad desde diciembre de 2004, y se matizan aspectos que se han ido detectando en la aplicación diaria de este régimen para permitir un mayor margen de flexibilidad a las comunidades autónomas según sus condiciones agronómicas.

El nuevo Real Decreto incluye las obligaciones que en materia medioambiental deben cumplir los agricultores sujetos a ciertos programas de mejora del medio ambiente y del entorno natural, dentro del marco de desarrollo rural, y las de los viticultores sujetos a programas de reestructuración y arranque.

También establece que, en caso de que los agricultores realicen infracciones leves, no habrá reducciones en los pagos, sino que serán sometidos al oportuno seguimiento. Esto supone una novedad para los agricultores españoles, para los que significará un número mucho menor de expedientes sancionadores y menores descuentos en los pagos que reciben de la PAC.

Además de eliminarse obligaciones innecesarias, se concretan los artículos del paquete de higiene que son de obligado cumplimiento en la condicionalidad y se eliminan las normas de rotación de cultivos.

Esta norma recoge la reforma aprobada por el Consejo de Agricultura de la Unión de Europea de 20 de noviembre de 2008, denominada 'chequeo médico' de la PAC, un acuerdo que "satisface en gran medida las posturas defendidas por España y lo configura como un ejercicio de revisión y consolidación de los pagos por la Política Agraria Común", según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.