SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario xeral de Unións Agrarias (UU.AA.), Roberto García, ha asegurado que "aún queda margen" para frenar la despoblación del rural en Galicia y ha lamentado la actitud "derrotista y de resignación" mostrada por la Consellería de Medio Rural ante la pérdida de población en las zonas rurales.
Para el responsable sindical, la situación "aún es reversible" si se tiene en cuenta el "peso autonómico" del sector primario en Galicia, aunque ha considerado "necesario" un plan de actuación que contenga acciones "a corto y largo plazo" para que la Comunidad gallega deje de "configurarse en dos velocidades dependiendo de si el entorno es rural o urbano".
Así lo ha expresado en un comunicado, en el que ha recordado que Galicia tiene una superficie "eminentemente rural" que ocupa casi el 85 por ciento de su suelo y el la que reside el 45 por ciento de los gallegos. Así, según refleja un estudio de UU.AA., en los últimos 50 años, el rural gallego perdió "más de la mitad de la población" que tenía a comienzos de la década de los sesenta.
En esta línea, la organización sindical ha considerado "necesario" que las zonas rurales muestren su potencial para ofertar empleo a través de la apertura de "nuevos nichos laborales" y la instalación de microempresas, así como lugar de residencia "con una calidad de vida excepcional en igualdad de dotaciones y servicios públicos".
A la espera del informe de la comisión parlamentara del que saldrá un plan de revitalización del rural, Unións Agrarias ha instado a la Xunta a que "deje la actitud pasiva" y use las competencias de las que dispone para habilitar líneas de financiación a través de los programas de desarrollo rural sostenible y la nueva política agraria común para ejecutar políticas activas de desarrollo rural a corto plazo.
De esta manera, ha asegurado "no entender" que la Xunta "se queje" de esta situación al tiempo que "recorta ayudas como las de las explotaciones de alta montaña".
Ante estas cuestiones, UU.AA. ha asegurado que es necesario "llevar a cabo un plan de infraestructuras actuales" de forma que se reduzcan los tiempos y gastos en los desplazamientos de los trabajadores, así como, garantizar la calidad y prestación de los servicios públicos de educación, sanidad y dependencia.
