UU.AA. solicita incluir medidas de apoyo a la ganadería extensiva en el Plan de Desarrollo Rural Sostenible

El sindicato Unións Agrarias (UU.AA.) ha solicitado la inclusión de medidas de apoyo a la ganadería extensiva en el Plan de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) 2010-2014, dentro del plazo abierto por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) --que depende de la Consellería de Medio Rural-- para el envío de propuestas a las organizaciones.

En un comunicado, la central agraria reclama la puesta en marcha "en toda Galicia" de las medidas que prevé el Real Decreto de aplicación del PDRS, entre las que destaca la suscripción de contratos territoriales de explotación y acciones de apoyo a la ganadería extensiva.

En cuanto a los primeros, indica, son "una fórmula novedosa" que contiene la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, que consisten en compromisos "voluntarios, asumidos por los productores para alcanzar mejoras ambientales" en las explotaciones.

El manejo de la ganadería extensiva se establece, explica, para la prevención de incendios forestales y la conservación y mejora de determinados hábitats, paisajes agrarios tradicionales o de determinadas especies. A cambio, el productor recibe unos pagos en concepto de los servicios prestados al conjunto de la sociedad.

Según destaca UU.AA., estos contratos serían "complementarios" del actual de explotación sostenible (CES), que, en Galicia, se financia con cargo a fondos europeos del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013 del Feader.

ORDENACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y FORMACIÓN

Entre las medidas de apoyo a la ganadería extensiva, Unións cita la ordenación del pastoreo extensivo en ecosistemas forestales, la creación de infraestructuras y la formación de ganaderos. "El correcto manejo y su incorporación a las prácticas sostenibles son una de las claves para alcanzar una prevención eficaz de los incendios forestales en Galicia", remarca.

El PDRS cuenta con un presupuesto de 170 millones de euros para la Comunidad Autónoma en el periodo que va de 2010 a 2014 y está cofinanciado al 50 por ciento por el Gobierno gallego y el estatal.

Su puesta en marcha se materializa a través de 12 zonas "homogéneas" que cubren todo el territorio rural de Galicia, para lo que se convocó, en cada una, un consejo de zona que tendrá como funciones diseñar el plan de actuaciones concretas, asesorar y controlar su aplicación.