SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Medio Rural trasladará al Ministerio de Agricultura y Pesca la "necesidad de implantar un periodo de transición" y diferentes "excepcionalidades" para Galicia en la aplicación de la normativa sobre purines en las superficies agrícolas.
Lo anunció la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, en la clausura de la Semana Gandeira de Mazaricos, en la que indicó que demandará al Gobierno central que tenga en cuenta "las especificidades" de Galicia a la hora de desarrollar esta legislación.
Estas excepciones, explica Medio Rural en un comunicado, se solicitan en función del sistema de explotación para las granjas en extensivo, por orografía y edafología, por las condiciones del clima, por tamaño de las explotaciones y su dispersión y por motivos socioeconómicos.
En el caso de la orografía, recuerda que un porcentaje importante del suelo agrario útil de Galicia se localiza en zonas de alta montaña o con limitaciones naturales. La pendiente en algunas de estas áreas haría imposible practicar el abonado, tal y como establece la normativa, lo que implica también "un riesgo para las personas" por la altas posibilidades de que las máquinas se deslicen en suelos húmedos.
En cuanto a la edafología, se indica que buena parte de la comunidad se caracteriza por terrenos de montaña pedregosos que impedirían la inyección de purín.
Sobre la climatología, se pone de manifiesto que Galicia es una región con precipitaciones elevadas durante periodos prolongados, que limita el tiempo disponible para las labores agrícolas y que condiciona el acceso a las superficies y las prácticas de abonado. A su vez, esta situación propicia desplazamientos y hundimientos del terreno, con el consiguiente riesgo de que la maquinaria vuelque.
MINIFUNDISMO
Otra de las características reseñadas es el tamaño de las explotaciones y su dispersión. En este sentido, destaca el predominio del minifundismo en granjas pequeñas y medianas, que constituyen el 80% del total, y que el empleo de nuevos sistemas requiere potencia y que sea maniobrable, algo "inviable en muchos casos".
Finalmente, Medio Rural apela a las razones socioeconómicas, y señala que la normativa obligaría a realizar nuevas inversiones, por carecer de esta maquinaria específica de aplicación de purines y que requiere, además, en muchos casos, tractores con mayor potencia.
La petición ante el Ministerio de Agricultura se suma a las reuniones que la Xunta mantiene con otras comunidades --Castilla y León, Cantabria y Asturias-- para contrastar posturas y ver en qué medida les va a afectar a sus explotaciones la nueva normativa, con el fin de buscar "el consenso" y "estudiar posibles excepciones a estas prohibiciones que van a condicionar los pagos directos de la PAC 2018".
Además, Medio Rural elabora diferentes informes para ver cuántas explotaciones gallegas estarías afectadas, puesto que las pequeñas quedan excluidas por la norma, y poder decidir los pasos a seguir, según explica en el comunicado.
