Sanciones a varias empresas y siete personas físicas vinculadas a la familia Vidal por implicación con buques relacionados con pesca ilegal
MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha notificado la resolución con la que se pone fin al expediente iniciado a raíz de la 'Operación Sparrow', con sanciones económicas por un importe total de 17,84 millones y multas a nueve empresas y siete personas físicas por su implicación en la actividad de buques que han incurrido en pesca ilegal en la Antártida de merluza negra --de gran valor económico--.
En concreto, la resolución sancionadora, firmada por la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha declarado responsables a las personas jurídicas españolas participantes del entramado Vidal Armadores, Viarsa Energia, Viarsa Cartera, Primary Capital, Gallega de Pesca Sostenible, Alimenta de Tunidos y Alimenta Corporación. Todas ellas empresas vinculadas a la familia Vidal, radicada en Ribeira (A Coruña), según figura en el Registro Mercantil.
Además, se imponen sanciones a siete personas físicas vinculadas a estas empresas, responsables de varias infracciones por mantener relaciones de diversa naturaleza con estos buques, prohibidas tanto por la normativa nacional como por la comunitaria y la internacional.
En el desarrollo de la operación se inspeccionaron las sedes de diversas empresas vinculadas al entramado de Vidal Armadores en la localidad de Ribeira durante los días 11, 12 y 13 de marzo del pasado año, previa obtención de autorización judicial, ante la sospecha de que estas compañías podrían estar relacionadas con buques implicados en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Debido a la actuación de los servicios de inspección de la Secretaría General de Pesca del Ministerio, así como a la colaboración de diversas organizaciones internacionales y de las autoridades públicas de Nueva Zelanda, Australia, Cabo Verde y Belice, se obtuvieron más de 3.000 documentos que acreditaban, tal como se ha puesto de manifiesto tras la tramitación del correspondiente expediente sancionador, la existencia de un entramado empresarial que, utilizando a otras empresas extranjeras, trataba de evitar el descubrimiento de los hechos finalmente sancionados, expone el Gobierno.
El objetivo era permitir la gestión y explotación de cuatro buques: 'Kunlun', 'Songhua', 'Yongding' y 'Tiantai', todos ellos incluidos en los listados de buques involucrados en pesca ilegal, tanto de la Unión Europea como de varias organizaciones regionales pesqueras como la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos. En la actualidad, el 'Kunlun' se encuentra retenido en Senegal, el 'Songhua' y el 'Yongding' retenidos en Cabo Verde, y el 'Tiantai' se hundió en las aguas antárticas en el año 2014.
SANCIONES
Estas sanciones alcanzan un total de 16,75 millones de euros, a las que se unen las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras que van entre los 5 y los 23 años, y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas que van entre los cinco y los 26 años.
Además, se sanciona también a las empresas Vidal Armadores, Propegarvi y Proyectos y Desarrollos Sostenibles, así como a parte del personal de las mismas, presente en las sedes durante el desarrollo de las inspecciones, por obstrucción a las labores de inspección y destrucción de documentos, con multas por un total de 1,09 millones de euros.
OPERACIÓN 'YUYUS'
Esta conclusión de la 'Operación Sparrow' llega después de que hace unos días se llevase a cabo la 'Operación Yuyus' en la que se detuvo a seis miembros vinculados con las empresas de Vidal Armadores por pesca ilegal de austromerluza en aguas de la Antártida para los que la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros para cada uno --los seis quedaron libres al abonar 600.000 euros en total--.
La investigación atribuye a los acusados delitos contra el medio ambiente, blanqueo de capitales, falsedad documental e integración en grupo criminal, y decretó su prisión justificándola en el riesgo de fuga, la "alta" probabilidad de reiteración delictiva y la necesidad de evitar las "trabas e intervenciones" que los implicados puedan hacer en su patrimonio ilícito.
Pese a su puesta en libertad, siguen vigentes otras medidas cautelares que la juez central de Instrucción número 3 impuso a los armadores, como son la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte, la presentación quincenal en el juzgado más cercano a sus domicilios y la obligación de fijar la localización de sus viviendas.
Entre los detenidos en la 'Yuyus' se encuentran cuatro miembros de la familia Vidal: el padre, Antonio Vidal Suárez (Tucho), la cabeza visible de la empresa armadora Vidal Armadores, de Ribeira (A Coruña) y sus tres hijos Antonio Vidal Pego (Toño), Belén y Ángel.
El pasado mes de febrero, según figura en el Registro Mercantil, Antonio Vidal Suárez delegó en su hijo Antonio Vidal Pego (Toño) la administración de Vidal Armadores y de la compañía Viarsa. La madre, Manuela Pego, también se encuentra imputada por los mismos hechos.
Además, fueron arrestados en esa operación los directivos de compañías del conglomerado empresarial de la familia Joaquín Manuel Pérez Mariño y Francisco Rama Gago. También se relaciona con la trama a un tercer empleado, Ramón Vicente S., lo que eleva el total de investigados a ocho en la 'Yuyus', para seis de los cuales se decretó prisión bajo fianza ya abonada.
