Afirman que el nuevo concurso, para elegir las entidades que los gestionan, no "respeta" la relación de puestos de trabajo
A CORUÑA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las centrales sindicales CIG, CC.OO. y UGT han acusado a la Xunta de Galicia de recortar "en un 17 por ciento" la partida presupuestaria destinada a los centros de internamiento de menores, así como de promover una reducción de personal en la relación de puestos de trabajo (RPT).
En un comunicado, han recordado que, de acuerdo con la legislación que regula la responsabilidad del menor, "corresponde a la Xunta la ejecución de las medidas dictadas por los juzgados y determinar para esto las medidas necesarias".
Para ello, según han añadido, existen en Galicia tres centros de internamiento, de los que dos son de gestión privada y uno gestionado íntegramente por la administración. En el caso de los menores en régimen abierto, están gestionados por empresas privadas.
NUEVO CONCURSO
Ahora, tras la publicación en julio del procedimiento para seleccionar las entidades sin ánimo de lucro que gestionarán estos servicios, al menos durante los próximos 15 meses, los sindicatos han asegurado que la Xunta no "respeta" la RPT y que habrá una reducción de la asignación presupuestaria.
En el primer caso, han sostenido que "deja fuera a tres trabajadores que prestan servicio en el centro de Montedelo de Ourense desde los años 1999 y 2000".
Además, indican que, en relación al anterior concurso, del año 2011, "los centros de internamiento ven reducida la asignación presupuestaria en un 17 por ciento". "De 217 euros plaza y día a 180,89 euros plaza y día, al tiempo que aumentan las exigencias en lo tocante al número de personal educador contratado en un 10 por ciento", han apostillado.
En el caso de "los centros de medio abierto", han indicado que se aplicará una reducción de "un 19 por ciento, pasando de 580.000 euros al año a 470.000 euros".
"REDUCCIÓN DE LA CALIDAD"
Los sindicatos consideran que existe "un evidente riesgo de importantes reducciones en la calidad de la atención a los menores que se ven obligados a cumplir alguna medida judicial, así como de las condiciones laborales de los profesionales encargados de ejecutar tales medidas".
Los tres sindicatos argumentan que "tampoco atiende" a las recomendaciones del Valedor do Pobo de 2014, que apunta a "la obligación de priorizar la inversión en más y mejores recursos para una adecuada intervención re-educadora". Mientras, sostienen que no han recibido respuesta a sus solicitudes de un encuentro con la administración.
