SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Alianza por un Rural Galego Vivo ha pedido a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas que en derecho procedan para instar al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a anular el traslado de magistrados y magistradas de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso por considerar que "vulnera los derechos de las entidades recurrentes que defienden derechos colectivos y que tienen litigios en curso en dicha sección".
Así lo traslada en un comunicado la alianza, conformada por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), la Organización Galega de Montes Veciñais en Man Común (Orgaccmm), la Federación Rural Galega (Fruga) y la Confederación Intersindical Galega (CIG).
Además, solicitan el órgano de gobierno del Poder Judicial que vigile el proceder del TSXG en lo tocante al reciente cambio de competencias de la Sección Segunda, en la que ahora están recaen los procedimientos judiciales relativos a las líneas de evacuación eléctrica, que antes se asignaban a la Sección Tercera.
Las entidades miembro de la Alianza Rural manifiestan ante el CGPJ su "profunda preocupación" por los posibles efectos de "indefensión" que esta modificación de la composición de la magistratura de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo puede ejercer sobre los intereses colectivos que las entidades sociales representan dado que "la mayoría de las causas recurridas por las mismas, concretamente impugnaciones contra autorizaciones de polígonos eólicos, recayeron en esa Sección Tercera".
Así las cosas, invoca ante el CGPJ su derecho al juez o jueza predeterminado/a por ley, enmarcado en el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Este derecho, según apuntan, exige que la competencia y la composición del órgano judicial estén preestablecidas claramente antes del inicio de los procedimientos para garantizar la imparcialidad e independencia de los magistrados y evitar la creaciónd e tribunales "ad hoc" o el trasladado arbitrario e irregular de jueces a otros tribunales.
Asimismo, advierte al órgano de gobierno del Poder Judicial que la resolución del pasado 12 de marzo de la presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG se ejecutó sin que esta ofreciese la más mínima explicación de las motivaciones a las partes o entidades con litigios en curso en las secciones afectadas.
Las entidades, además, llaman la atención del CGPJ sobre el contexto en el que se producen estos cambios, que consideran "marcado por el debate público sobre el actual modelo eólico, en el que se confrontan los intereses de las promotoras y de la administración pública, por un lado, con los colectivos en defensa del medio ambiente y del interés público, por otro.
Además de dirigirse al CGPJ, la alianza avanza que instará a la presidencia del TSXG a revocar la resolución del 12 de marzo.