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La oposición, preocupada por el establecimiento de minas e industrias en suelo rústico mientras el PP aboga por "buscar un equilibrio"
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Alianza Rural Galega --compuesta por la asociación ecologista Adega, el sindicato CIG, la Federación Rural Galega y la Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común-- ha reclamado la retirada del borrador de la nueva ley del suelo, que, por su parte, Xóvenes Agricultores ha visto "francamente mejorable" y Sindicato Labrego Galego ha demandado consensuar.
Ha sido en el transcurso de una nueva reunión de la comisión para la elaboración de una nueva ley del suelo de Galicia, que continúa este martes sus trabajos en el Parlamento autonómico. Estaba previsto que acudiese Unións Agrarias en primer lugar pero su participación ha sido aplazada por no poder asistir su secretario general.
Así, ha comenzado los turnos de palabra el portavoz de la Alianza Rural Galega, Fins Eirexas, secretario ejecutivo de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega), quien ha criticado el borrador presentado por la Xunta por estar, a su juicio, "desenfocado, centrado en el urbanismo" y por "minusvalorar la mayoría del territorio gallego".
A continuación, el representante de XX.AA., Francisco Bello, se ha mostrado igualmente crítico pero en un sentido contrario, al considerar que "la principal figura a proteger en el medio rural son sus habitantes y las actividades que estos desarrollan", por lo que, en la nueva norma, ha dicho, debe quedar "meridianamente clara la necesaria prevalencia de las actividades humanas sobre las normas proteccionistas del entorno".
Mientras, Xosé Ramón Cendán, del SLG, ha centrado su intervención en la reivindicación de medidas que favorezcan una actividad "sostenible y razonable" en el medio rural, así como "la seguridad agroalimentaria", algo que ha ejemplificado en el establecimiento de un tercio de superficie agraria "protegida" para producción agroganadera.
SUELO RÚSTICO, "RESIDUAL"
Un dato, el de que casi el 90% del territorio gallego es rural, ha sido el más repetido durante esta sesión de la comisión para la elaboración de una nueva ley del suelo de Galicia. Por eso, en base a esta realidad, los grupos de la oposición --PSdeG, AGE y BNG-- han mostrado su preocupación por la consideración de "residual" que el borrador de la norma otorga al suelo rústico, además de la supresión de las figuras de especial protección agropecuaria y forestal.
Esta circunstancia origina "una de las preocupaciones más importantes" para los socialistas, en palabras de su portavoz Xosé Sánchez Bugallo, mientras que para Alternativa Galega de Esquerda, en boca de Antón Sánchez, este hecho puede sostener "un modelo de degradación del medio rural", al permitir la instalación de explotaciones mineras y posibilitar, según advierte, una mayor reforestación de tierras agrarias.
En esta línea, la nacionalista Tereixa Paz ha considerado "inaceptable" aglutinar todo el suelo rústico como "común", algo que para la Alianza Rural Galega responde a un "olvido interesado" por parte de la Administración. "Resulta muy revelador que para el organismo promotor de la norma una parte muy representativa de nuestro territorio, en la que coexisten multiplicidad de usos productivos y un importante patrimonio rural, sea algo residual", ha censurado Eirexas.
"RIESGO DE REPETIR BARREIROS"
De hecho, para el colectivo compuesto por ecologistas (Adega), profesionales del sector agroganadero (Fruga) y propietarios de comunidades de monte mancomunales, la "desvalorización del suelo rústico común" pone "al mismo nivel" los aprovechamientos mineros y los usos agroaganderos y forestales, "obviando la función social" de estos últimos.
Asimismo, entiende que abre la puerta para "consagrar por ley la discrecionalidad con riesgo de repetir, ahora con todos los parabienes legales, los despropósitos perpetrados durante los años de la burbuja inmobiliaria", que Eirexas ha visualizado en el municipio lugués de Barreiros.
En lo que se refiere al suelo rústico especialmente protegido, "la desaparición de las categorías de suelo rústico de especial protección forestal y agropecuario y su asimilación a la categoría residual del común supone la renuncia interesada de la Administración a preservar amplias áreas del medio rural".
Esta alianza cree que el borrador de la norma "no fue redactado para favorecer el máximo consenso social y político" y observa en él "una importante regresión con respecto al actual marco normativo", por lo que solicita su retirada y "la apertura de un proceso participativo en el que el conjunto de instituciones y agentes sociales que intervienen en el territorio" puedan integrar sus propuestas.
De hecho, Eirexas ha finalizado como empezó, remarcando que la ley vigente "no fue respetada" en los últimos tiempos y que no vislumbra "razón para pensar que la actual lo va a ser". "De lo que se trata es de romper la baraja. Cuando las trampas no funcionan, la reacción del mal perdedor es cambiar las normas", ha denunciado.
"FACILITAR" LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Xóvenes Agricultores, por su parte, no ha exigido la retirada del texto pero sí le parece "francamente mejorable". Y es que, en su opinión, tal y como está redactado "puede dificultar las actividades y la fijación de población en el medio rural al limitar los usos de los suelos y al dificultar los procesos de mejora de la estructura territorial".
"Desde nuestro punto de vista, es necesario facilitar el normal desarrollo de las actividades agrarias, ganaderas y forestales, así como la implantación de proyectos industriales o del sector servicios que favorezcan la fijación de población en el medio rural", ha destacado el secretario general de la filial gallega de Asaja, Francisco Bello.
Ante su posicionamiento, el diputado de Alternativa Antón Sánchez ha reprobado que hiciese "una apuesta por la desprotección" y le ha instado a "no confundir la protección --del medio rural-- con la ineficacia y rigidez de la burocracia".
De igual forma, la portavoz del Bloque Tereixa Paz ha afirmado "concordar" en el principio de que "el principal valor a proteger en el rural" son sus habitantes y las actividades que estos desarrollan, pero ha subrayado que esto "necesariamente tiene que pasar por la preservación de determinados valores" sin los cuales no es posible la explotación económica.
Por su parte, el popular Román Rodríguez, que anteriormente se había preguntado si el apoyo a las producciones agropecuarias tiene que ser excluyente de otras actividades como la minería y las infraestructuras turísticas, ha agradecido al líder de XX.AA. su "visión más realista y más acercada al terreno". "Siempre se debe buscar un equilibrio; no podemos legislar de espaldas a quien reside y trabaja en el rural", ha sostenido.
DESARROLLO "RACIONAL"
Por último, el representante del SLG, Xosé Ramón Cendán, ha fijado el objetivo durante su discurso en lograr un desarrollo "racional" tanto en lo urbanístico como en la actividad económica, con metas más concretas en incrementar la superficie agraria útil gallega y alcanzar, así, "la seguridad agroalimentaria" --garantizando la producción de alimentos en un medio rural cercano--.
Cendán ha cifrado en un 21% la ratio de superficie agraria útil de la Comunidad gallega y ha alertado de que está "muy por debajo" de la de otros países europeos, que superan el 60% --Dinamarca y Holanda--, el 50 % --Francia-- y el 40% --"casi todos"--. En este contexto, ha señalado que "se puede dar valor a todos los terrenos".
En cuanto al caso de la minería, lo ha mencionado para recomendar que no se haga "a cielo abierto", por sus perjuicios para el medio ambiente. A mayores, ha apostado por "facilitar la vida" a quien "va a vivir" en el entorno rural y por una legislación "completa pero sencilla", que haga posible su interpretación por el ciudadano.
