(AMP) El PP de Ourense se suma al BNG en su petición de dimisión del regidor

Actualizado: lunes, 24 septiembre 2012 16:52

Rosendo Fernández asegura que es la "mayor crisis" de la institución municipal ourensana


OURENSE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Rosendo Fernández, ha reclamado la dimisión del regidor, Francisco Rodríguez, porque, tal y como ha manifestado, "la tercera ciudad de Galicia no puede tener un alcalde en libertad provisional" e "imputado por cohecho y prevaricación".

Lo ha manifestado de este modo, en declaraciones a los medios tras el pleno municipal extraordinario para el sorteo de las mesas electorales y en el cual se ha ausentado la teniente de alcalde, la nacionalista Isabel Pérez, quien, precisamente, firmó como regidora en funciones la convocatoria para este lunes. Los otros dos ediles del BNG en la corporación municipal sí acudieron.

Rosendo Fernández ha manifestado su "sorpresa" por la "petición de dimisión del alcalde por parte del BNG" su socio de gobierno "antes que la oposición". Esta situación, se "culmina", para Rosendo Fernández, con la "ausencia" de la teniente de alcalde, la nacionalista Isabel Pérez, en el primer pleno que ha presidido el regidor.

"Quien propició que gobernara el bipartito, se ausentó esta mañana del pleno y además fue quien convocó ese pleno --como alcaldesa en funciones--", ha recalcado la dirigente popular, quien ha admitido que "quien facilitó las cosas fue el BNG pidiendo (ya el domingo) la dimisión del alcalde".

Rosendo Fernández también ha recordado que, tras la detención del alcalde de Ourense, "el grupo mayoritario consensuó un comunicado donde hacía constar la presunción de inocencia y la gobernabilidad del Ayuntamiento de Ourense".

CRÍTICAS A LA ACTITUD DEL ALCALDE

"Ni pedimos oficialmente la dimisión antes que el BNG ni puede ser que explique su situación un domingo con el público para que lo jaleara", ha recalcado el portavoz popular.

Rosendo Fernández ha enviado un "mensaje" a la sociedad ourensana de que el PP "no va a dejar de lado la gobernabilidad y la gestión de la tercera ciudad de Galicia".

Sin embargo, ha lamentado la "actitud irresponsable" del regidor socialista al "convocar ayer en este Ayuntamiento un acto público para explicar la situación" y fue "un verdadero mitin que avergüenza a la ciudadanía".

En su intervención, Rosendo Fernández ha manifestado que es la "mayor crisis" del Ayuntamiento de Ourense, y ha manifestado que "nadie habló por el momento de mociones de censura".

Sobre la posibilidad comentada por el alcalde de Ourense de poder incluso gobernar en minoría como el PSOE en Vigo, manifestó que "no se puede improvisar", ya que "no se pueden poner los mismos remedios para situaciones diferentes" cuando "Ourense y Vigo son ciudades muy distintas".

BOQUEIXÓN

Sobre la situación del alcalde popular de Boqueixón, afirmó que desconoce la situación pero "si la imputación es la misma" que la del alcalde de Ourense "pediría la dimisión". Ambos regidores están en libertad con cargos por supuestos delitos de prevaricación y cohecho, y con fianzas de 6.000 euros (en el caso del regidor de Ourense) y 10.000 euros (para el alcalde de Boqueixón).

"No tengo competencias sobre responsabilidades en otras provincias", ha asegurado antes de afirmar que desconoce cuál es la situación de su compañero de partido.

DIMISIÓN DEL BNG

Por su parte, en una entrevista en la Radio Galega, recogida por Europa Press, la portavoz del consello local del BNG de Ourense --en el que está integrada la portavoz municipal, Isabel Pérez--, Susana García Rodríguez, ha señalado que mantienen la petición de dimisión al alcalde.

Además de mostrarse sorprendida por que el regidor ourensano dijese que no tenía constancia de esta demanda de los nacionalistas, puesto que se la hicieron llegar antes de hacer pública a los medios de comunicación, Susana García ha explicado que a lo largo de la jornada se producirán "nuevos contactos".

La responsable local del BNG ha insistido, asimismo, en su respeto por la "presunción de inocencia", y ha considerado que hubo un "trato desproporcionado" en el sentido de tener incomunicados tanto tiempo a los detenidos, aplicando unos supuestos legales reservados para "cargos más graves".