Áurea Soto concreta el lunes su decisión respecto a su cargo de edil

OURENSE 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La edila de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, dará a conocer el lunes sus decisiones consecuencia del auto de apertura de juicio oral en el penal que corresponda, como "autora directa" de prevaricación urbanística en la plaza de San Antonio, según el juez instructor.

El auto trascendió este viernes y la edila, según las directrices del PSOE para sus cargos imputados, debe dimitir de su cargo municipal tras la apertura de juicio oral, aún sin fecha fijada.

Ella misma, y el otro imputado y abogado, Carlos H.L., explicó en una rueda de prensa el día 6 de octubre de 2014, que dimitiría antes de la celebración del juicio y en aquel momento pidió que fuese cuanto antes "por respeto".

Mientras se espera la concreción que aportará el lunes en rueda de prensa, las palabras de Soto de octubre incluyeron referencias a su trabajo como "modélico para el urbanismo de Ourense en estos 8 años" y a su actuación en la plaza de San Antonio, para explicar que fue una de sus primeras actuaciones "y representativa de lo mucho que se hizo en urbanismo, y todo para arreglar la herencia del PP".

En aquel momento, tras recurrir dos veces el auto previo al de la apertura de juicio oral, la edila aseguró que en el expediente de la plaza de San Antonio "no puede quedar duda de que se tomó la decisión que había que tomar" para atender las reclamaciones y el Plan General de Ordenación Urbana de 2003 "admitió la titularidad privada del subsuelo y estaba en vigor cuando se dio la licencia en 2007".

La plaza de San Antonio estaba ocupada por el asilo de ancianos regentado por una congregación religiosa, sobre suelo municipal, y el gobierno regentado por Manuel Cabezas, del PP, autorizó en 1998 la construcción de viviendas a la empresa Construcciones Hermanos Carrajo, incluyendo la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo el espacio público de la plaza, según recuerda el juez en su auto de apertura de juicio oral. El aparcamiento contó con licencia de apertura en 2002.

Hubo varias sentencias y recursos, entre ellas una de demolición del Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) en 2004. El gobierno local cambió en 2007, y el también imputado Carlos H.L., contratado como jurídico por el Ayuntamiento de Ourense, emitió un informe en octubre de 2007 "con el fin de dar cobertura formal a la decisión tomada por la concejala de Urbanismo de dar nuevas licencias de legalización y pedir la inejecución de la sentencia de demolición", según el escrito del fiscal.

En diciembre de 2007, Soto llevó a aprobación a una junta de gobierno local las licencias de obra y de ocupación a Cosntrucciones Hermanos Carrajo "a sabiendas de la ilegalidad del acuerdo adoptado", según el auto de apertura de juicio oral.

Todos los integrantes de la junta de gobierno declararon como imputados durante la instrucción que duró dos años, desde la denuncia presentada por Democracia Ourensana y la personación de un promotor local, autor de varias denuncias contra la edila de Urbanismo.