El abogado de los okupas estudia emprender acciones legales contra el Consistorio por "infracciones jurídicas"
A CORUÑA, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El gobierno local de A Coruña, de Marea Atlántica, ha procedido este miércoles a la "recuperación" de las instalaciones de la antigua Comandancia de Obras, "okupada" desde noviembre de 2016 por el colectivo 'A Insumisa', al no haber este miércoles ninguna persona dentro cuando accedió la Policía Local en su inspección rutinaria.
"A primera hora de la mañana se pasaba a revisar el estado del inmueble, como se venía haciendo estos días, y se constató por parte de la Policía Local que se había abandonado este espacio", ha explicado, en rueda de prensa, la concejala de Seguridad Ciudadana, Rocío Fraga. También ha confirmado "la recuperación de la posesión" del inmueble público -un antiguo complejo militar- antes de su desalojo.
Para la edil, el procedimiento ha terminado "de la mejor manera posible" al no ser necesaria "otro tipo de intervención", puesto que ninguno de los okupas estaba dentro del recinto cuando los agentes municipales accedieron a las instalaciones. Sin embargo, un grupo de este colectivo sí ha permanecido en el exterior, una vez que los agentes estaban ya dentro.
En el interior de la antigua Comandancia de Obras -para el que el gobierno de la Marea Atlántica proyecta un espacio de usos polivalentes y un espacio de encuentro con actividades formativas y artísticas- los agentes sí se encontraron algunas pertenencias de las personas del Centro Social Okupado (CSO) A Insumisa, que estaban en la Comandancia.
EXPIRACIÓN DEL PLAZO
En su comparecencia ante los medios, la concejala ha explicado que el plazo marcado por el Ayuntamiento de A Coruña para que abandonaran el recinto "expiró hace días", puesto que el 27 de abril el Consistorio notificó a este grupo el desalojo de la Comandancia de Obras, una notificación que "se constató por diferentes vías", ha recalcado.
A mayores, como "notificación complementaria", se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la comunicación de desalojo de la Comandancia de Obras, por si hubiese "otras personas afectadas" al margen del colectivo "okupa".
ACCIONES CONTRA EL AYUNTAMIENTO
Frente al argumento del gobierno local de que había expirado el plazo para el desalojo -una medida por la que se optó después de fracasar los intentos de un acercamiento para alcanzar un acuerdo y ante el proyecto municipal para nuevos usos del inmueble-, los okupas han cuestionado esta afirmación.
En concreto, lo ha hecho su abogado, Antonio Vázquez, que, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que se han cometido "infracciones jurídicas importantes". Al respecto, ha señalado que el plazo legal no finalizaba "hasta la medianoche". Por ello, ha avanzado que estudiarán ejercer acciones legales contra el Ayuntamiento.
El letrado ha denunciado la existencia de "deficiencias de carácter procesal" e "infracciones jurídicas", al tiempo que ha cuestionado que la actuación respete los procedimientos administrativos. Y es que, según ha explicado, los hechos se produjeron cuando estaban fuera: "Llegó la Policía, forzó la puerta y ocupó el lugar".
Frente a esto, la concejala defiende la actuación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. "La asesoría jurídica sí entiende que fue debidamente comunicada -la notificación de desalojo- y hay múltiples pruebas de que eran conscientes de esa notificación", ha justificado la edil, que, en todo caso, asegura que será "una duda jurídica" a resolver.
