El BNG acusa a la Xunta de "chantajear" a municipios con centros de día bloqueados para que acepten su "privatización"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), el nacionalista Francisco García, acusó hoy a la Xunta de pretender "forzar, chantajear y presionar" a los ayuntamientos que cuentan con alguno de los 14 centros de día bloqueados con el fin de que acepten su modelo de "privatización".

En rueda de prensa acompañado por el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, el vicepresidente de la Fegamp incidió en que "no es de recibo" que estos 14 centros "sigan cerrados", al tiempo que reprobó la "propuesta de privatización", tanto en el fondo como en la forma. En el segundo punto, señaló que "todavía no existe ni siquiera un borrador" y que este planteamiento no ha sido "debatido" por los órganos de dirección.

En cuanto al fondo, el líder del Bloque mostró la "oposición frontal" a este tipo de políticas tras defender la necesidad de construir "una red pública" de servicios sociales y lamentó que el Gobierno gallego esté "dispuesto a deshacerse" de ella.

"El BNG se opone y se opondrá a estos planteamientos antisociales del PP", advirtió, y tras reivindicar el Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e Benestar como "única fórmula" para "garantizar" la prestación de servicios sociales, criticó que el Gobierno autonómico "no ofrece otra alternativa mejor" que mantenga la "equidad" y la "profesionalidad".

En este punto, señaló que su formación "dará la batalla", tanto en el Parlamento como desde los ayuntamientos, para evitar el "desmantelamiento" de los servicios públicos. Por su parte, Francisco García denunció la búsqueda, por parte de la Xunta, de un "negocio" utilizando a las personas mayores y le reclamó que, en vez de privatizar los centros, presente "un presupuesto que sea suficiente para su apertura".

"Llevan casi un año gobernando y aún pretenden variar la fórmula del Consorcio", reprobó el vicepresidente de la Fegamp, para quien este proceso "dilatará más" la apertura de los 14 centros de día que están "listos para abrir". Además, señaló que otros 18 que están en construcción para su próxima apertura y censuró que el Gobierno gallego haga de esta situación "un problema". "La improvisación salta a la vista", ratificó.

"NEGAR LA EVIDENCIA"

A mayores, el dirigente de la formación frentista acusó al PP de intentar "enmascarar" que "defiende la privatización". "Hace como San Pedro, lo niega tres veces", ironizó, al tiempo que le recomendó que "deje de negar la evidencia".

Por su lado, García incidió en que esta vía "sólo fomenta la precarización y la disminución de la calidad" de los servicios sociales y recriminó al Gobierno gallego que los centros fueron construidos después de que los ayuntamientos cedieran los terrenos y cofinanciaran las obras.

Por ello, reiteró su petición de que "se presente cuanto antes el presupuesto del Consorcio para 2010 y se contemple la apertura directa y con calidad de los equipamientos previstos", concluyó, tras señalar que "la privatización no supondrá ninguna mejora en términos económicos".

24.000 FIRMAS

En relación también a la problemática del Consorcio, el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, entregó hoy en el Registro de la Xunta "más de 24.000 firmas" para exigir a la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, que se aplique el convenio a los trabajadores de este ente, que se convoquen oposiciones y que rechace la "privatización" de los servicios públicos. A mayores, exigió la readmisión de las 61 trabajadoras de las oficinas de Igualdade e Benestar (I+B).

"Tiene que cambiar de actitud", subrayó el sindicalista, en declaraciones a Europa Press, para reprobar que Mato se comporte "como parte del PP" desde una perspectiva "ideológica, gallegofóbica, privatizadora y reaccionaria". "Esto es lo que recogen las 24.000 firmas", señaló, y consideró que, si tiene "alguna sensibilidad democrática", deberá ser "receptiva".

Del mismo modo, entendió que se trata de "un número suficientemente importante" como para que la titular de Traballo "se dé cuenta de que está aplicando una política que va en contra de la opinión pública". Además, desde la perspectiva del "sindicato", advirtió de que "no puede seguir profundizando en la precarización e inestabilidad" del colectivo de trabajadores de los servicios sociales.

Finalmente, avanzó que el próximo 13 de enero habrá una mesa de negociación, pero advirtió de que, si ésta "no da respuesta satisfactoria" a sus "demandas y reivindicaciones", habrá más "movilizaciones". Así, apuntó que está prevista una nueva huelga para el día 19 y una manifestación para el día 30 de enero en Santiago "en defensa de los servicios públicos, contra la privatización y en favor de la aplicación del convenio y para que se convoquen las oposiciones".